Desde que en 2004 se cerró la comisión sobre los atentados del 11 de marzo no había vuelto a funcionar ninguna otra y, en lo que va de este año, ya son cuatro las que se han constituido por la presión de los grupos de la oposición, que ya han anunciado más para el nuevo período de sesiones que comenzará en septiembre tras el descanso político veraniego.
Se han logrado materializar, incluso con el concurso en algún caso del PP, aspiraciones de tiempos anteriores buscadas con ahínco por el resto de partidos, especialmente por formaciones ahora sin representación parlamentaria como UPyD o en coalición con otros como Izquierda Unida.
Incapaz de frenar este frenesí investigador, los populares han apoyado la creación en el Congreso de los Diputados de una comisión sobre su financiación y, haciendo valer su más que sobrada mayoría absoluta en el Senado, han contraatacado allí con otra para abrir la investigación a todos los partidos políticos.
Un tira y afloja que ha concentrado gran parte de la atención de los últimos meses y que ha llevado a muchos a poner en entredicho la valía de esta figura parlamentaria.
Las comparecencias de los extesoreros del PP Luis Bárcenas, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís en el Congreso no han dejado indiferentes a nadie. Sobre todo las de los dos primeros, que lograron exasperar casi hasta el límite a los diputados, uno por su negativa a responder a las preguntas y otro por su "sordera selectiva".
"Absolutamente insatisfecho" se ha declarado sobre el desarrollo de esta comisión el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que preside la misma y que se ha mostrado convencido esta semana de que el periodo inicial de funcionamiento, seis meses, se prorrogará.
Mientras, en el Senado, la oposición ha dado plantón a la comisión por considerarla una "farsa" orientada exclusivamente a contrarrestar la del Congreso y ha dejado solo a los senadores del PP ante los responsables de las cuentas de los partidos.
Otros responsables económicos también han comenzado a pasar por el parlamento. En este caso, a petición de la comisión del Congreso que investiga el origen de la crisis financiera y el rescate bancario y cuya sesión de comparecencias abrió el actual gobernador del Banco de España Luis María Linde.
A la espera de que en septiembre se cierre la lista definitiva de comparecientes, los partidos han solicitado la presencia de más de un centenar de personas, entre ellas los exministros Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado.
Si bien esta comisión está aún prácticamente en ciernes, la constituida para determinar si hubo un uso político de la Policía durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior ya ha concluido sus trabajos con la afirmación de que sí se utilizó para perseguir a los adversarios políticos.
Una que se cierra y otra que viene, el PSOE ya ha registrado la solicitud para indagar en las causas del accidente del tren Alvia ocurrido en 2013 en Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y 152 heridos, y depurar responsabilidades políticas. Será la quinta comisión de investigación de la legislatura en su primer año, lo que contrasta con la veintena creada en los 40 años de democracia.
Ya se ha superado la legislatura más numerosa, la segunda. Entre 1982 y 1986, bajo el primer mandato de Felipe González, se pusieron en marcha tres: sobre Rumasa, los catástrofes aéreas en Barajas y la financiación de los partidos políticos.
Desde las elecciones constituyentes, solo una se ha creado conjuntamente entre el Congreso y el Senado. Fue en la primera legislatura (1979-1982) y se centró en el fraude del aceite de colza.
Junto a éstas, ha habido otras comisiones llamativas en el pasado como la del caso Gescartera y las que analizaron la gestión de Luis Roldán en la Guardia Civil y de Mariano Rubio en el Banco de España.
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