Las víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006 en Valencia, que costó la vida a 43 personas e hirió a otras 47, mantienen viva la esperanza de hallar responsables de la tragedia cuando este lunes se cumplirán once años del suceso y el proceso judicial se enfrenta a la amenaza de un nuevo carpetazo. La asociación de víctimas, según explica su portavoz, Rosa Garrote, sigue dispuesta a llamar a cuantas puertas judiciales sea necesario para determinar responsabilidades, pese a los vaivenes emocionales experimentados en los últimos meses.
Las tesis de buena parte de los familiares y amigos de los fallecidos en aquel accidente de la curva previa a la estación de Jesús de Metrovalencia se vieron respaldadas por las conclusiones aprobadas por la mayoría de Les Corts en 2016 tras una segunda comisión de investigación, pero chocan frontalmente con la opinión de la jueza instructora, que sigue sin ver responsables penales.
Si Les Corts concluyeron hace ahora un año que el accidente era previsible, que la Línea 1 no era segura y que la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) no invirtió lo necesario en seguridad, la jueza planteó en mayo el archivo de la investigación por haber descartado responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vagón o la vía. Esta decisión está recurrida tanto por la Fiscalía como por la asociación de víctimas.
"Es el tercer intento de archivo, pero hasta ahora la Audiencia Provincial siempre ha estado por la labor de investigar, de no dejar ningún resquicio de duda, en buena parte por respeto a las víctimas", explica Garrote, quien confía en que se mantenga el criterio o, al menos, se abra juicio contra los ocho imputados "si es que se piensa que ya no hay nada más que investigar".
"Si la investigación se archivase acudiríamos al Supremo, al Constitucional, a Europa o al Tribunal de Derechos Humanos; hasta el último escalón, porque no nos vamos a conformar con que se eche la culpa al conductor -uno de los 43 muertos-. Los responsables de la empresa tenían la obligación de haber previsto ese riesgo y son los responsables de las muertes", añade.
Actualmente constan como investigados (antes imputados) en la causa Marisa Gracia Giménez, ex directora gerente de FGV; Juan J. Gimeno Barberá, director de Auditoría y Seguridad en la Explotación; Vicente Contreras Bónez, director adjunto de Explotación, y Manuel Sansano Muñoz, director de Operaciones.
También figuran Sebastián Argente Cuesta, jefe de la Línea 1; Francisco García Sigüenza, de la dirección técnica; Gonzalo Romero Salt, jefe de Mantenimiento de Instalaciones Fijas, y Luis Miguel Domingo Alepuz, jefe de Talleres de Valencia Sud.
García y Contreras fueron imputados a finales de 2014 y los otros seis en junio del año pasado, aunque según expuso la instructora esta decisión se tomó por mera precaución ante la posible prescripción de delitos ya que, a su juicio, los indicios que existen contra ellos son "frágiles".
A pesar del revés judicial que supone la petición de archivo, las víctimas admiten que en los últimos meses han visto materializadas muchas de sus aspiraciones.
"Hemos vivido muchos vaivenes emocionales. Momentos importantes que nos han dado ánimos, como cuando se reabrió el caso, se supo que se había manipulado la primera comisión parlamentaria o se ha avanzado en una Ley de Seguridad Ferroviaria que ya está en Les Corts, pero también varapalos como la última petición de archivo", admite Garrote.
A su juicio, resulta obvio que existe una relación directa entre la falta de medidas de seguridad y las muertes resultantes, con lo que se podría tipificar un delito contra la seguridad de los trabajadores, 43 delitos de homicidio por imprudencia grave y 47 de lesiones por imprudencia grave.
La Fiscalía también se opone al archivo alegando que quedan diligencias por practicar, como nuevos informes sobre los mecanismos de prevención de riesgos laborales en FGV, la aptitud del conductor del convoy siniestrado, las actas del Comité de Seguridad o los marcos de las ventanas de los vagones.
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