El juez Eloy Velasco ha decretado este miércoles la puesta en libertad del exconsejero madrileño Francisco Granados tras dos años y medio en prisión después de dar por constituida la fianza de 400.000 euros que le impuso para salir de la cárcel con las propiedades presentadas como aval por sus familiares.
Velasco ha dictado el auto de libertad, que será remitido a la prisión de Estremera, tras dar por suficiente la fianza después de celebrar una comparecencia con los familiares que han avalado el pago de la fianza con sus bienes y que han sido tasados en más de 800.000 euros, el doble de la cantidad exigida, tal y como establece la ley para la constitución de una fianza hipotecaria.
Una vez en libertad, Granados deberá comparecer en la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio dos veces al mes, los días 1 y 15, además no podrá salir de España sin autorización judicial y está obligado a facilitar número de teléfono y correo para estar localizado de forma permanente.
En el auto, el juez explica que la fianza hipotecaria se ha constituido con una finca situada en la calle Camino de Pinto en Valdemoro (Madrid), propiedad de Serafín González y María del Mar Alarcón, cuñados de Granados y que ha sido tasada en 304.265 euros, y otra en la Plaza de la Constitución de Valdemoro, propiedad de la madre del exdirgente popular y que está valorada en 523.898 euros.
De este modo, el juez ha declarado "bastante" la fianza hipotecaria al comprobar que las dos propiedades duplican el total de los 400.000 euros de fianza.
El juez Velasco le puso a Granados esta fianza para recuperar la libertad el pasado 17 de mayo, el mismo día que se conoció su nombramiento como integrante de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, y poco antes de abandonar el juzgado, al que ha tenido que regresar este sábado por orden del CGPJ hasta la llegada de su titular, Manuel García Castellón.
Después de que la defensa de Granados pidiera su excarcelación en reiteradas ocasiones, el juez acogió la última solicitud que hizo el pasado 5 de mayo, al considerar que se ha rebajado el riesgo de fuga por el tiempo transcurrido en prisión preventiva, cuyo límite máximo son cuatro años.
Apreció además que de esta forma Granados podrá acudir "en otras condiciones" al primer juicio oral de Púnica, el del chivatazo que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, que ha sido fijado para el 14 de noviembre y en el que se enfrentará a una petición de la Fiscalía de tres años de cárcel.
Velasco justificó la modificación de la situación de Granados en que ya se habían practicado los últimos registros en la causa en relación con Arpegio-Prisma, lo que disminuye el riesgo de destrucción de pruebas, y en el levantamiento del secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas secretas, principalmente la de la financiación ilegal del PP de Madrid.
El pasado noviembre, cuando vencía el primer plazo de dos años en prisión provisional, la Audiencia Nacional ratificaba la prórroga por otros dos años que había decretado el juez Velasco.
Granados pidió entonces ser puesto en libertad, alegando razones humanitarias como que tiene madre, hijos y más familia que lo está pasando muy mal y aseguraba que no se iba a fugar.
Sin embargo, tanto el juez como la Sala de lo Penal consideraron que persistía el riesgo de fuga por "el elevadísimo patrimonio" que tendría oculto en el extranjero, y el de destrucción de pruebas por las presiones y amenazas a personas vinculadas a la investigación.
En su recurso contra la prorroga de prisión, Granados admitió que el millón de euros que, tras entrar en la cárcel, fue hallado en casa de sus suegros -y que su suegro justificó señalando que por su casa entraba mucha gente y citó a operarios de Ikea- procedía de la cuenta que tenía en Suiza y defendió que ese dinero y el de sus cuentas bloqueadas era el único que tenía.
Desde su ingreso en prisión, Granados había rechazado declarar ante el juez, pero al serle prorrogada la prisión preventiva pidió comparecer ante Velasco para aclarar las sospechas sobre su presunto patrimonio oculto, lo que se produjo el pasado 21 de diciembre.
En aquella ocasión, Granados manifestó que no reconocía al "personaje" que se dibujaba en el sumario de Púnica y que hace un recorrido sobre sus negocios irregulares desde sus tiempos como alcalde de Valdemoro hasta su ascenso a consejero de la Comunidad de Madrid y hombre fuerte de la expresidenta Esperanza Aguirre.
"Ese no soy, yo no me he dedicado a eso nunca, me he dedicado al interés general, a ayudar a la gente en lo que he podido, no me he enriquecido con la política y que desde luego sería incapaz de amenazar a un funcionario o a extorsionar".
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