El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha admitido este viernes que el Gobierno puso en marcha "a la desesperada" la denominada amnistía fiscal en un momento en el que España corría el riesgo de ser rescatada y estaba "al borde del colapso" económico.
En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, Hernando ha respondido con un tajante "sí" a la pregunta de si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe seguir en el cargo después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado esta medida, pero ha dejado en sus manos considerar "el alcance que debe tener esa decisión del Constitucional".
"Evidentemente no lo hicimos bien", ha reconocido el portavoz popular, quien ha asegurado que su partido acepta la sentencia del TC, aunque ha avalado la tesis seguida por su partido de que fue "un error en la forma", pero no "en el fondo".
Ha insistido en justificar la medida adoptada en 2012, en un momento de "enorme dificultad" en el que el PP acababa de llegar al Gobierno y el país estaba inmerso en una grave crisis, con un déficit muy elevado y al borde del rescate. "Fue una medida de emergencia", ha remachado.
Por eso, y porque este tipo de regularización fiscal se había hecho en otros países, se tomó esta decisión, ha dicho Hernando, quien también ha puesto en valor todo el dinero sin declarar que afloró entonces y sirvió para ampliar la base de recaudación en años posteriores.
Preguntado sobre en qué lugar queda Montoro tras esta desautorización del Alto Tribunal, Hernando ha recordado que el ministro va a acudir al Congreso a dar explicaciones, como le han reclamado desde la oposición y que será él quien tenga que determinar "el alcance que debe tener esa decisión del Constitucional". Eso sí, ha recalcado que, desde su punto de vista, debe seguir como ministro.
El TC ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012 porque utilizó para ello el Decreto-Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas. La decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.
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