En plena campaña de la renta, vuelve a aflorar una vieja e irritante anomalía: los propietarios de viviendas en alquiler deben declarar e incluso tributar por ingresos que no han cobrado cuando sus inquilinos incurren en mora. La normativa del IRPF obliga a imputar todas las mensualidades, con independencia de su cobro efectivo. Esta exigencia parte de un criterio formal –la renta es 'exigible'– que ignora la realidad económica del contribuyente. El resultado es un doble perjuicio: pérdida de ingresos y carga fiscal añadida. Aunque existen mecanismos correctores, como la deducción tras seis meses y previa reclamación formal, su aplicación es lenta y burocráticamente exigente. Desde una perspectiva institucional, la medida proyecta una imagen preocupante de la Administración tributaria: inflexible en la recaudación y distante del ciudadano. Se consolida una asimetría donde el riesgo recae íntegramente en el contribuyente, mientras Hacienda asegura su ingreso. Este diseño también acaba desincentivando el alquiler y erosiona la confianza en el sistema fiscal.
