¿Podría España imponer limitaciones obligatorias sobre el uso de tu coche ante un potencial problema de abastecimiento de petróleo? Esto dice la Ley
El marco legal para afrontar una grave interrupción del suministro de petróleo parte de un principio de precaución. La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, constituye la piedra angular en este ámbito, ya que permite al Gobierno declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional cuando se produzcan crisis que afecten a ámbitos como el abastecimiento energético.
Una vez activado este escenario, el Ejecutivo puede dictar órdenes directas para garantizar el suministro de bienes y servicios esenciales. Además, la Constitución, en su artículo 116, contempla la posibilidad de declarar los estados de alarma, excepción y sitio.
Especialmente relevante es el estado de alarma, que podría activarse para hacer frente a una crisis energética, un supuesto recogido en el artículo 4.b) de la Ley Orgánica 4/1981.
Durante su vigencia, el Gobierno puede limitar la circulación de personas y vehículos, como ya ocurrió durante la pandemia del COVID-19, lo que sentó un claro precedente sobre la capacidad estatal para controlar el uso del coche.
El colchón de las reservas y el fantasma del racionamiento
Antes de imponer limitaciones al uso del coche, España cuenta con un importante colchón: las reservas estratégicas de petróleo. Según los últimos datos, el país dispone de existencias para cubrir 105 días de consumo, lo que supera ampliamente el mínimo de 90 días exigido por la Agencia Internacional de la Energía.
Estas reservas, gestionadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), están diseñadas precisamente para evitar tener que recurrir al racionamiento de combustible en los hogares.
No obstante, la posibilidad del racionamiento no es una quimera. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha admitido que la Unión Europea estudia "todas las opciones" para garantizar el suministro en los próximos meses, incluyendo la del racionamiento de determinados combustibles.
Este sería el último recurso, si la crisis se prolongara más allá de la capacidad de las reservas estratégicas. En ese hipotético escenario, España sí podría imponer limitaciones obligatorias al uso del coche.
La movilidad de los ciudadanos quedaría entonces supeditada a las necesidades esenciales, priorizando el transporte de mercancías, los servicios de emergencia y los desplazamientos laborales justificados, en un esquema similar al aplicado durante la pandemia.
La decisión, por tanto, no es arbitraria, sino que se articularía mediante un procedimiento legal establecido, garantizando que cualquier restricción se aplique con proporcionalidad y por el tiempo estrictamente necesario.