Una historia insólita
Roger Parra Vasconcelos (Colón, sin número, entre Simón Bolívar y Calle Final, Sagua la Grande, Villa Clara) cuenta que a inicios de la pandemia de la COVID-19 comenzó en áreas aledañas al matadero Lorenzo González, de ese municipio, la construcción de una planta de tratamiento de residuales para erradicar la contaminación creciente del medio ambiente en esa zona, a consecuencia de esa procesadora. Pero...
Y ese hecho fue insólito. Porque dicha obra se proyectó en tierras de su abuela Sara R. Pérez, y sin la anuencia de ella, quien ostenta la documentación oficial que la acredita como propietaria, con el certifico 1531771 del Registro de Tenencia de Tierra adjunto al Ministerio de la Agricultura.
Ello consta en el Expediente No. 392/03 a su nombre en calidad de propietaria de la Unidad de Producción agropecuaria Julita, con una extensión superficial de 1,74 hectáreas. En ese mismo terreno está la vivienda que comparten la señora y su nieto, quien es sostén y cuidador único de su abuela.
Refiere Roger que al frente de dicha obra estuvo Ernesto V. Acosta Arias, especialista principal de Desarrollo e Inversiones de la Empresa Cárnica de Villa Clara, con el permiso del Gobierno de Sagua la Grande, y de su intendente entonces.
Precisa Roger que, tras varias entrevistas con el Intendente por quejarse de lo que estaba sucediendo, él radicó varias quejas en Fiscalía, el Gobierno provincial y el Consejo de Ministros. Y el Intendente le propuso que su abuela terminara de entregar la tierra, para que entonces, por las condiciones constructivas de la casa, ubicada en un lugar vulnerable por la penetración del río, fuera incluido el caso en el Plan Estatal de Viviendas de 2021-2022. La solución estaría en un biplanta que se iba a erigir en la calle Aguilera.
«Mi abuelita empeoró de salud y tuvo un infarto cerebral que le dejó secuelas, manifiesta. Quedó postrada y tiene cataratas. Mi situación empeora cada día más, pues soy su único sostén. Dejé de trabajar para consagrarme como su cuidador, amparado por la Asistencia Social.
«La casa está compuesta de zinc viejos como techo, y las paredes se mojan. El piso es de tierra la mayor parte y de cemento fragmentado. No tenemos tasa sanitaria. Le pedí al Intendente que nos sacara provisionalmente de ahí hasta que se terminaran las casas de los planes estatales, porque ya estaban atrasados en 2023, y nada. Quiso ponernos en un local en derrumbe que se mojaba todo y no tenía baño. Y no lo aceptamos. Nunca hubo una solución para nosotros, a pesar de ser el caso uno de los más viejos en el Gobierno de Sagua la Grande. Iban para que les firmara la notificación como prueba de que me atendieron y todo quedaba ahí.
«Nuestro caso quedó en el olvido. No tienen solución para mi abuelita después de que prometieron una casa y le ocuparon sus tierras. Ahora dicen que es un nuevo mandato, y un nuevo Intendente que no tiene nada que ver con eso. Pero no me atienden, tampoco el Director de la Vivienda, quien sugiere que nombre un abogado y demande al matadero para que me busquen una casa. Yo no tengo dinero para eso, pues no me alcanza para las medicinas y comida de mi abuela. ¿Cómo voy a pagar un abogado?
«Todos se limpian las manos con mi caso. Solo quiero lo que nos prometieron. Violaron unos cuantos procedimientos. Hicieron todo a la fuerza, y tengo pruebas en papeles. Lo único que quiero es que esto se haga visible, que llegue a las autoridades competentes y tenga solución», concluye.
La ironía de esta historia es que la planta de residuales, por la cual ocuparon tierras de su abuela, nunca se concluyó y quedó en las bases o cimientos.
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