Miguel Guillén lleva a Sala Constitucional bombardeo de Estados Unidos que derivó en entrega de cadáveres y un herido a Costa Rica. Lo califica como ‘acción militar’
El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, presentó un nuevo escrito ante la Sala Constitucional, en el que calificó como una “acción militar” el bombardeo realizado por Estados Unidos contra una presunta lancha narco en el océano Pacífico, el cual derivó en la entrega de dos cadáveres y un herido en condición grave a las autoridades de Costa Rica.
Días atrás, Guillén había presentado una acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos del Poder Ejecutivo con Estados Unidos, en particular por la declaración de seguridad de “paz a través de la fuerza” firmada el 5 de marzo y por el respaldo a una “coalición militar” contra los carteles del narcotráfico —en palabras de Donald Trump—, surgida de un encuentro efectuado el 7 de marzo, en el que también participó el presidente Rodrigo Chaves.
Este viernes 20 de marzo, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra un presunto buque de narcotráfico en el este del océano Pacífico, el cual dejó dos muertos y un superviviente que fue rescatado con severas quemaduras, según informaron las autoridades.
El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) precisó que el Servicio Nacional de Guardacostas recibió los cadáveres y al herido a 126 millas náuticas de Golfito, distancia que equivale a 233,3 kilómetros. Luego, fueron desembarcados en el muelle de Golfito.
El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) se atribuyó la autoría del ataque.
Tras estos hechos, el liberacionista señaló que esas acciones de Estados Unidos “refuerzan” la idea de que Costa Rica podría haberse adherido a una coalición militar.
En referencia al bombardeo, dijo: “Su contenido resulta relevante en la medida en que describe una acción de naturaleza militar o cuasi-militar, en el marco de operaciones de combate al narcotráfico, con efectos que involucran directa o indirectamente al Estado costarricense”
Agregó que, con esto, se pone a tambalear el modelo de seguridad civil, no militarizado y sujeto al control democrático: “La vinculación —aunque sea indirecta— con operaciones de carácter militar ejecutadas por fuerzas extranjeras, plantea una tensión relevante con dicho modelo".
Añadió que ese tipo de acciones podrían afectar la soberanía, la legalidad de la actuación estatal y los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.
Por eso, pidió a la Sala valorar estos nuevos hechos en conjunto con las declaraciones firmadas por el Gobierno de Costa Rica con EE. UU. en materia de seguridad.
En el escrito inicial, Guillén argumentó que, con esos acuerdos, se vulneran principios constitucionales como la abolición del Ejército y normas del Derecho Internacional; así como la sentencia 2004-09992 de la Sala IV, en la que declaró inconstitucional el apoyo del país a la coalición internacional que respaldó la invasión a Irak.
Solicitó que se declaren inconstitucionales y nulos esos actos del Poder Ejecutivo. El caso se tramita bajo el expediente N.° 26-08212-0007-CO.
La Nación pidió a Zapote remitir el texto firmado o apoyado por el mandatario del 7 de marzo, así como el alcance formal de su participación. Sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.