El escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus ha dirigido todas las miradas hacia el proceso de adjudicación de los inmuebles. Desde la oposición de izquierdas se ha señalado al gobierno autonómico de Juanfran Pérez Llorca por haber mantenido el decreto aprobado por el Consell de Mazón en diciembre de 2024. Una normativa que derogaba algunas de las exigencias instauradas por el Botànic en el 2021 y 2023, mientras aumentaba el tope de renta para poder acceder a una de estas promociones. Sin embargo, desde la actual dirección de la Conselleria de Vivienda, en manos de la vicepresidenta Susana Camarero, se ha remarcado en repetidas ocasiones que, para el caso de Les Naus, se aplicó la normativa del gobierno autonómico de Ximo Puig.
