La Policía busca relevo para otro comisario agresor
La Policía Nacional busca un sustituto para el jefe de la Comisaría Provincial de Lérida, Antonio José Royo Subías. Este mando fue nombrado el pasado diciembre, pero sólo duró en su puesto seis días. El Ministerio del Interior lo cesó al conocerse por los medios que fue condenado en junio de 2003 por acosar a una subordinada para que tuviese relaciones sexuales con él a cambio de ascender en el Cuerpo. También le llegó a propinar «un manotazo en el glúteo» según la sentencia. Los hechos se produjeron en 1999, pero el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró desconocer los hechos en el momento de su nombramiento.
Royo duró menos de una semana en el cargo, pero tras su salida recurrió la decisión de Interior y a finales de año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le dio la razón, y obligó a la Policía a restituirlo en su cargo de manera provisional hasta que se encontrase a alguien para relevarlo. El auto analizó la forma en la que fue cesado, ya que la motivación fue insuficiente.
Según ha podido saber LA RAZÓN, la Policía abrió la convocatoria para sustituirlo el pasado 13 de enero. La resolución del juzgado le daba un mes para hacerlo, pero la institución no tardó menos de 20 días. Sin embargo, desde entonces sigue el proceso abierto. Fuentes policiales conocedoras del procedimiento interno apuntan que, al ser un puesto de libre designación, los candidatos tuvieron 15 días para presentar sus candidaturas. Ahora, la respuesta para elegir nuevo comisario jefe de Lérida es «indeterminado». «Pueden nombrarlo cuando quieran», explican. Por lo que Royo Subías sigue en su puesto todavía a la espera de ser sustituido.
La situación de este mando cobra singular relevancia ahora, ya que su nombramiento fue decisión del ex director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, quien dimitió el pasado día 17 acusado de violar presuntamente, también, a una subordinada en abril de 2025. Desde entonces, la Policía vive uno de sus momentos más «tristes» y «complicados» de los últimos años. El pasado lunes se abrió el proceso para elegir un nuevo máximo mando operativo, un proceso que terminará la semana que viene. Fuentes internas señalan que la decisión no se postergará y que el nombre se conocerá el 5 de marzo.
Según La Audiencia Provincial de Gipuzkoa y posteriormente el Tribunal Supremo consideraron probado que Royo, entonces inspector jefe de un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en San Sebastián, ejerció presiones hacia una agente recién incorporada para que mantuviera relaciones sexuales con él. Según el fallo, el mando le llegó a indicar que su carrera profesional –incluidos ascensos, mejores servicios y permisos– dependía de que accediera a sus pretensiones. También hay constancia de comentarios denigrantes sobre la víctima y, en el transcurso de una comida con compañeros, le propinó un «manotazo» en los glúteos.
La agresión y las coacciones, respaldadas por testimonios y valoradas por los tribunales, provocaron que Royo fuese condenado en 2003 a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con otros 3.000. La pena no incluyó una inhabilitación profesional, ya que en ese momento el Código Penal no contemplaba la pena accesoria por este tipo de delito. Eso permitió que, pese a la condena, Royo continuara su carrera en la Policía Nacional y ascendiera hasta ser comisario en 2017, según avanzó El País en su momento.
Tras ser cesado, Royo recurrió esa decisión alegando que podía causarle «perjuicios graves y de muy difícil reparación». Y los magistrados le dieron la razón. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC consideró que la orden de cese podría presentar «múltiples vicios de pleno derecho y de anulabilidad». Critican, entre otras cuestiones, que la resolución no escuchara al propio alto mando y que se basara únicamente en el argumento de que su permanencia podía provocar un «grave deterioro de la imagen de la Policía Nacional», sin detallar motivos funcionales o específicos que justifiquen la destitución. El tribunal considera que el hecho de que se conociese la sentencia de 2003 no era una razón suficiente para quitarlo como jefe de la comisaria de Lérida, donde todavía está al frente.