El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Santiago Serrano, ha denunciado que los vecinos de Illescas ya han abonado más de 700.000 euros como consecuencia del canon del agua «que se ha inventado Emiliano García-Page y que van a ir a parar íntegramente a las arcas de la Junta de Comunidades». Serrano ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada en el municipio, junto a la portavoz regional y local del PP, Alejandra Hernández, donde ha calificado este nuevo canon como «profundamente injusto y confiscatorio» . En este contexto, ha recordado que el Gobierno regional justifica su implantación en una directiva europea de hace 26 años. «Una excusa que no se sostiene porque durante todo este tiempo ya se venía cumpliendo con otros cánones, como los de aducción y depuración», ha señalado Serrano, para añadir que «lo que ha hecho el Ejecutivo socialista es crear un nuevo impuesto para seguir exprimiendo a los ciudadanos». El diputado 'popular' ha lamentado que esta medida «no persigue mejorar el servicio ni aliviar la carga de los municipios, sino satisfacer la voracidad fiscal de Page», incidiendo en que su impacto recae directamente sobre los vecinos sin que exista, a su juicio, una mejora tangible en la gestión del agua. Serrano ha subrayado además que esta situación se produce «en una comunidad autónoma que soporta algunos de los impuestos más altos de España». En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha se encuentra entre las regiones donde más IRPF se paga y donde continúan vigentes impuestos como el de sucesiones y donaciones, lo que «dificulta el día a día de familias, autónomos y empresas». «Difícilmente pueden competir nuestras empresas con las de territorios vecinos como la Comunidad de Madrid si aquí lo que padecemos es un auténtico infierno fiscal», ha afirmado. Por todo ello, Serrano ha exigido al Gobierno de Page que « dé marcha atrás de inmediato en este Canon del Agua y deje de utilizar a los ciudadanos como herramienta de recaudación masiva», apostando por «una política fiscal más justa, moderada y que favorezca el crecimiento económico y el bienestar de las familias de Castilla-La Mancha».
