El sector salta como un resorte contra el castigo en el IRPF a los caseros: "Intensificará la fuga de propietarios y agravará la crisis de oferta"
No sólo ha sido Sumar. El sector inmobiliario también ha saltado como un resorte ante la idea que maneja el Gobierno de penalizar a los propietarios que no congelen o bajen los alquileres.
El Ejecutivo valora modular a la baja la reducción general del 50% que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler. Una medida que Sumar, su socio de Gobierno, ha rechazado de plano por considerarla inútil por sí sola para frenar los precios y que también rechazan desde el sector.
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advierte de que penalizar en el IRPF a los caseros intensificará la fuga de propietarios y agravará la crisis de oferta en el mercado del alquiler.
El presidente de la federación, José María Alfaro, ha afirmado que la introducción de medidas fiscales penalizadoras provocará un efecto inmediato de retraimiento entre los arrendadores. Alfaro explica que muchos propietarios ya actúan en un contexto de inseguridad jurídica y elevada incertidumbre normativa, y añade que esta iniciativa acelerará, todavía más, la retirada de viviendas del mercado del alquiler residencial.
De hecho, la federación ha constatado que numerosos propietarios han optado en los últimos meses por vender sus inmuebles o destinarlos a otras modalidades de arrendamiento.
En este contexto, FAI subraya que cuando la oferta disminuye y la demanda se mantiene, el mercado registra subidas de rentas, y a su juicio, la penalización fiscal a quienes mantienen su vivienda en alquiler provocará un efecto contrario al objetivo de facilitar el acceso.
Desde pisos.com, Ferran Font, portavoz y director de Estudios, señala que "observamos con cierta inquietud cómo una vez más se intenta resolver el problema de la vivienda volcando toda la responsabilidad sobre el propietario. Es una tendencia que busca regular el mercado mediante presión fiscal, pero que obvia la necesidad del equilibrio entre las partes. El pequeño ahorrador se siente cada vez más desprotegido ante un marco normativo que percibe como cambiante e inseguro".
Según el director de Estudios, "esa falta de certidumbre jurídica es precisamente lo que frena la puesta en el mercado de nuevos inmuebles. Las políticas basadas en la penalización suelen provocar un retraimiento de la oferta. Cuando el propietario no se siente respaldado, opta por retirar su vivienda del alquiler convencional".
"El resultado es un mercado mucho más rígido y con menos stock, lo que inevitablemente dificulta el acceso a quienes más lo necesitan. Al final, menos opciones para el inquilino significan mayor presión sobre los precios. El camino real para estabilizar el mercado no es la fiscalidad punitiva, sino generar un entorno de confianza y seguridad que incentive la salida de vivienda al mercado, beneficiando así al final a toda la sociedad", concluye Font.
Arantxa Goenaga, abogada y socia de AF Legis, asegura que "pretender limitar o condicionar los precios de las rentas supone intervenir en un ámbito que debe regirse por la oferta y la demanda. Eso es mercado".
Goenaga, como Alfaro y Font, recuerda además que el perfil mayoritario del arrendador en España es el de pequeño propietario. "La mayoría de los propietarios no son grandes tenedores. Son pequeños ahorradores que, ante más intervención y menos seguridad jurídica, pueden optar por no alquilar".