El Gobierno esquiva los informes policiales sobre la regularización de inmigrantes
El Gobierno no ha requerido, por el momento, informes de la Policía Nacional en los que apoyarse para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes que viven en España. El Ejecutivo no ha recabado la opinión de los expertos, ni ahora ni hace dos semanas, cuando se anunció un acuerdo con Podemos para sacar la medida. La negociación con la formación morada se produjo sin conocer la realidad detallada del problema migratorio de nuestro país, y la relación de este con Europa.
Las fuentes consultadas muestran su «extrañeza» y «enfado» a partes iguales. Sorpresa porque no se haya trabajado la propuesta con documentos y estadísticas oficiales sobre un tema tan delicado. Y cabreo porque, 16 días después de que la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, anunciase el pacto con el Gobierno, nadie haya preguntado a los especialistas, a pesar de haberse elevado a consulta pública, el paso previo a convalidarlo en el Congreso de los Diputados.
La Policía Nacional es la competente en materia de fronteras e inmigración a través de la Comisaría General de Extranjería. En su organigrama se enmarcan la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que investiga las actividades delictivas relacionas con la trata de seres humanos y la inmigración ilegal, entre otros, y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Este último es una suerte de «inteligencia» migratoria, explican las fuentes policiales consultadas. Entre sus labores está la elaboración de informes especializados en la materia que les piden organismos nacionales e internacionales. No ha sido el caso del Gobierno en el proceso regulatorio.
El enfado es «enorme» entre los mandos de los distintos equipos porque «se están diciendo barbaridades», especialmente «en el tema que tiene que ver con los delitos». Uno de los requisitos para que una persona en situación irregular en España pueda actualizarla será no contar con antecedentes penales. El problema, explica, es que tendrán que ser los países de origen los que respondan a cada petición. De no hacerlo, la Administración entenderá que esa hoja está en blanco, por lo que se autorizará su proceso. «Y no es lo mismo un antecedente con una sentencia que los policiales», explica otra fuente autorizada. Los primeros pueden tardar año en confirmarse, mientras que los otros, como hurtos o agresiones, conforman la mayoría de infracciones que cubre la Policía Nacional.
Informe paralelo
Aunque el Gobierno no ha solicitado información a las unidades de Extranjería que trabajan con información de primera mano, el director general de la Policía, Francisco Pardo, sí cuenta con un primer documento realizado por el jefe central de operaciones, el comisario Alfredo García Miravete. Este mando, el «número dos» de la Comisaría, sin embargo, no es un «experto» en la materia, como explican distintas fuentes. Llego a su puesto hace meses, pero sus destinos anteriores poco tenían que ver con esta materia.
García Miravete, con larga trayectoria en el Cuerpo, aterrizó en Madrid desde La Haya, en Países Bajos, donde fue jefe de la Oficina Española de Enlace en Europol y antes fue subdirector de Eurojust. El contenido del documento «es secreto», ya que no fue del agrado del director de la Policía. Según ha podido saber LA RAZÓN, el principal «problema» es que no seguía la línea marcada por el Gobierno, especialmente en lo que concierne a los inmigrantes con delitos y el borrado de los mismos. «Le han dicho que tiene que justificarlo más y mejor».
Según pudo confirmar este periódico, el informe de Miravete hizo hincapié en el artículo 31.5 de la Ley de Extranjería, que dice que «para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido». Es decir, que el decreto que espera aprobar el Gobierno tiene que modificar esa ley.
De lo contrario, «sería muy fácil tumbarlo» ante el Tribunal Supremo, explican fuentes policiales y jurídicas, porque «una declaración responsable», como la que el Gobierno adelantó que va a pedir, «no da por cumplido el requisito» de ese punto de la ley orgánica.