España promulgó en 2018 un real decreto que se convirtió en una herramienta clave en la lucha contra el tráfico de drogas. Las embarcaciones con determinadas características, que las encaminaban a ser utilizadas en exclusiva para el narcotráfico, pasaron a calificarse como género prohibido. Desde entonces, los investigadores ya no tienen que esforzarse en vincular las lanchas intervenidas con un alijo concreto: el simple hecho de construirlas o poseerlas se convirtió en delito. En Galicia comienzan ahora a recogerse los frutos de ese cambio normativo. La Justicia empieza a acorralar a los grandes constructores de narcolanchas de las Rías Baixas. Una de estas organizaciones ya está siendo juzgada y otras dos esperan turno. En la sede viguesa de la Audiencia...
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