Morena radioactiva
Con la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, subraya la difícil situación que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena. ¿Será que el partido oficial ya sea lo suficientemente radioactiva desde la perspectiva del Gobierno de Trump que van a imponer sanciones por infiltración del crimen organizado (ahora organizaciones terroristas) en las filas de Morena y sus aliados, que podría estar considerando sanciones por vínculos e infiltración de organizaciones criminales, lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa? La única defensa del gobierno federal en este caso sería que, al ahora detenido presidente municipal se le acuse de corrupción y extorsión solamente, sin tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La detención del presidente municipal de Tequila reveló algo más que una trama de corrupción local: según autoridades federales, el alcalde operaba una red de extorsión y desvío de recursos que mantenía presuntos vínculos operativos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, la misma organización que ha extendido su control territorial mediante la cooptación de policías municipales y el cobro de “cuotas” a empresas estratégicas de la región.
Su arresto, junto con el de varios de sus funcionarios más cercanos —incluidos los directores de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas— forma parte de la Operación Enjambre, un despliegue que busca frenar la infiltración criminal en gobiernos locales y que ya abrió nuevas líneas de investigación por amenazas, violencia política y abuso de poder, evidenciando hasta qué punto el crimen organizado ha logrado permear estructuras municipales en Jalisco y otros municipios de México.
Según el gobierno de los Estados Unidos, no sanciona partidos políticos por su ideología, sino por criterios legales muy específicos que se activan cuando una organización extranjera —sea un movimiento, un partido o un actor político de facto— es vinculada a amenazas externas contempladas en leyes como IEEPA, la Ley Kingpin o la Ley Global Magnitsky.
Washington puede imponer sanciones si existen evidencias de financiamiento ilícito proveniente del crimen organizado transnacional, participación en esquemas de lavado de dinero, desvío sistemático de recursos públicos, corrupción de alto nivel, interferencia en procesos electorales, violaciones graves de derechos humanos o apoyo material a organizaciones designadas como terroristas.
Estos criterios han sido aplicados en países tan distintos como Venezuela, Zimbabue, Myanmar o Líbano, donde las sanciones no se dirigieron a la ideología de los actores involucrados, sino a conductas que Estados Unidos considera amenazas a su seguridad nacional o al orden financiero internacional.
En ese sentido, el marco sancionatorio estadounidense opera como un instrumento de política exterior que puede alcanzar a cualquier organización extranjera-incluyendo partidos políticos-cuando se cumplen esos umbrales legales. Especialmente ahora que Donald Trump clasificó a las cinco mayores organizaciones criminales en México como terroristas.
Emblemático el caso de Rafael Márquez, capitán del equipo nacional de futbol, quien en 2017 fue incluido por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en la lista de personas vinculadas a la red de lavado de dinero de Raúl Flores Hernández, vinculado al Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), le congelaron bienes y se prohibieron transacciones con estadounidenses. Aunque Márquez negó vínculos y conocimiento, la designación acabó con su carrera deportiva. La lección del caso de Marquez, es “la ignorancia no es defensa suficiente ante las amenazas de sanciones de Washington”. Y esto tiene que quedar claro, no solo para los funcionarios y ex funcionarios de cualquier partido político, la clase empresarial, músicos, y fundaciones.
Ahora que el gobierno de los Estados Unidos ha declarado al Cártel de Sinaloa, (CJNG), Cártel del Noreste, Nueva Familia Michoacana y Cártel del Golfo como grupos terroristas, se facilita que un gobierno, empresa o individuo sea vinculado a grupos terroristas, ya sea por apología de grupos terroristas o lavadores de activos.
Por eso, la detención del presidente municipal o cualquier funcionario o persona que extorsione a nombre de uno de estos grupos terroristas, no exime a empresas, agricultores, changarros o partidos políticos si reciben o entregan recursos a ahora organizaciones “terroristas” o deberían de saber de las actividades delictivas.
El incluir a Adán Augusto López Hernández en la estructura de campaña en Morena podría ser una decisión suicida del partido. Este senador, al igual que otros gobernadores y presidentes municipales, hasta el mismo expresidente López Obrador y su familia, lo que tocan podrían acabar destruyendo el partido. Son radioactivos porque las decisiones que toman tienen dos objetivos: mantenerse en el poder y asegurar impunidad. La prioridad de los candidatos seleccionados no será asegurar que no exista vínculo con organizaciones “terroristas”. No hay legislación que se proponga que blinde los comicios del narco, si ya están en casa.