Los ciudadanos esperan de Europa que encuentre soluciones comunes al reto compartido de la inmigración. En otros momentos esta cuestión ha supuesto un motivo de división entre nosotros. Pero 2025 fue el año en que Europa demostró que si actúa de forma conjunta puede conseguir resultados en materia de migración. En los dos últimos años, los cruces ilegales de fronteras han disminuido un 55 por ciento, y las solicitudes de asilo, un 21. Nuestro nuevo sistema de entradas y salidas , que entró en funcionamiento el pasado octubre, es el modelo informático de control de fronteras más avanzado del mundo. Ya se han registrado 23 millones de cruces de fronteras y más de 12.000 personas han sido interceptadas y devueltas. Si a esto añadimos las nuevas normas que entrarán en aplicación dentro de unos meses, se hace evidente que hemos dejado atrás la etapa de fragmentación y desorden que marcó la crisis migratoria de 2015-2016. Hemos entrado en una nueva fase. Y ahora el reto es consolidar este nuevo planteamiento de la inmigración para que refleje tanto los intereses como los valores de la Unión Europea. Para mí y para la mayoría de los europeos, la respuesta está en una UE que detente el control. Una Europa que siga siendo un lugar donde puedan encontrar protección quienes realmente la necesitan, pero en la que sean la UE y sus Estados miembros los que gestionen el proceso, no los traficantes de inmigrantes ni los agentes estatales hostiles. La respuesta está en unos procedimientos claros, eficaces y justos, y no en un sistema que se pueda pervertir. Está en decisiones jurídicas rápidas, y no en resquicios legales que permitan perpetuar una residencia ilegal. Está en el retorno rápido y digno de quienes no tengan derecho a permanecer en la UE. Porque buscar una vida mejor es una aspiración legítima, pero hacerlo ilegalmente no lo es. El abuso del sistema daña la imagen de la inmigración y socava la capacidad de las instituciones para dar protección a quienes realmente la necesitan. En el mismo sentido, menoscaba nuestro empeño por atraer las competencias y el talento que necesitan nuestras economías para prosperar. El esfuerzo que hemos realizado para reformar nuestra legislación ya está dando sus frutos. Pero si queremos una Europa que siga siendo refugio y también un destino atractivo para el talento, no hay duda sobre lo que tenemos que hacer: reducir el número de llegadas ilegales y perseverar en ese objetivo. Esta es ahora nuestra prioridad fundamental. La manera de lograrla es hacer que la Unión Europea tome las riendas de la situación, con una política migratoria asertiva y un uso más estratégico de nuestra política de visados. Debemos intensificar nuestra cooperación y nuestro diálogo con terceros países. Esto significa buscar asociaciones, siempre que sea posible, para abrir vías legales y cooperar mejor en la lucha mundial contra los traficantes de inmigrantes. Pero también significa ser más asertivos a la hora de defender los intereses de la UE. Por ejemplo, contamos con que los terceros países cumplan su obligación de readmitir a sus propios nacionales. No debemos olvidar que la UE tiene una gran capacidad de influencia para que prevalezca este planteamiento: somos el mayor socio comercial de unos ochenta países, expedimos cada año diez millones de visados a nacionales de terceros países y seguimos siendo el mayor proveedor mundial de ayuda oficial al desarrollo, con más de 90.000 millones de euros anuales. En adelante, la UE reforzará el vínculo entre la política de visados y la cooperación, no solo en materia de readmisión, sino también de protección de las fronteras, seguridad y lucha contra el tráfico ilícito de inmigrantes. Porque el acceso a la Unión Europea es un privilegio, y la forma en que gestionamos dicho acceso es una decisión estratégica. Estamos mostrando que haremos las cosas a la manera europea. Y que ese modelo funciona.
