Cuesta Barriga: el Estado acusa inhumaciones y exhumaciones ilegales de 110 víctimas de la dictadura

La Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, interpuso una querella ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por la inhumación y posterior exhumación ilegal de al menos 110 personas en la Cuesta Barriga, sector utilizado como sitio de desaparición de cuerpos durante la dictadura.

La acción judicial apunta a identificar responsabilidades directas e indirectas de agentes de la DINA, del Comando Conjunto Antisubversivo y de Carabineros de Curacaví, en hechos ocurridos entre 1973 y 1977. Según la investigación, el lugar funcionó como fosa clandestina recurrente, especialmente en una antigua mina ubicada en el kilómetro 12 de la actual Ruta 68.

La querella reúne declaraciones de 15 exagentes de distintos organismos represivos, recogidas en 10 causas judiciales, que reconocen el traslado y abandono de cadáveres en la zona. De las 110 víctimas, 92 corresponden a detenidos desaparecidos por la DINA, incluidos casos vinculados a la Operación Colombo, mientras que 17 fueron atribuidas al Comando Conjunto y siete a Carabineros.

Además de la inhumación ilegal, la acción judicial aborda la exhumación de cuerpos realizada a fines de los años 70 tras la orden de Augusto Pinochet conocida como operación “Retiro de televisores”, destinada a eliminar evidencias luego del hallazgo de fosas clandestinas como las de Lonquén. En ese contexto, cuerpos fueron retirados, trasladados a otros puntos, incinerados o arrojados al mar.

La jefa del programa de DD.HH., Paulina Zamorano, explicó que esta querella se diferencia de las anteriores porque pone el foco en los delitos de inhumación y exhumación ilegal, con el objetivo de esclarecer el destino final de las víctimas. A la fecha, se han identificado 12 perfiles genéticos en la Cuesta Barriga, de los cuales 11 ya corresponden a personas plenamente identificadas.

En una investigación de El Mostrador  titulada “Viaje al fondo del horror: querella por 110 víctimas inhumadas en Cuesta Barriga” se recapitulan testimonios directos de exagentes y de una familiar de una víctima.

Héctor Valdebenito Araya (exagente DINA, “El viejo verde”) relató cómo en 1975 se identificó una antigua mina en la Cuesta Barriga y cómo luego el lugar comenzó a ser utilizado para hacer desaparecer cuerpos. Describió la llegada nocturna de vehículos, la descarga de bultos con olor a quemado y su lanzamiento al interior del pique. También María Angélica Guerrero (exagente DINA) confesó haber participado en el traslado de dos cuerpos sin vida, envueltos en sacos, los que fueron arrojados a una cueva en la Cuesta Barriga, posiblemente cubiertos con cal.

En tanto, Jorgelino Vergara (exagente DINA, Brigada Lautaro) declaró que los detenidos eran interrogados y ejecutados en el cuartel Simón Bolívar, luego ensacados, y que sus cuerpos eran destinados al mar o a fosas clandestinas como Lonquén y la Cuesta Barriga. Por su parte, Eduardo Reyes Lagos (exagente DINA) reconoció haber participado en al menos dos inhumaciones en la Cuesta Barriga, incluyendo la quema de manos de las víctimas para borrar huellas dactilares y el posterior retiro de los cuerpos.

Manuel Contreras Sepúlveda (exdirector de la DINA) admitió que se arrojaron cuerpos en la Cuesta Barriga y afirmó que en 1979 se ordenó retirarlos para evitar su hallazgo, relatando el traslado posterior de los restos. Enrique Sandoval Arancibia (exagente CNI) confirmó haber encabezado el operativo de exhumación de cuerpos desde el interior de la mina, describiendo el estado de los restos y su traslado posterior.

Entre los vinculados al Comando Conjunto, el exmiembro Andrés Valenzuela declaró que esa organización ejecutaba y enterraba detenidos en la Cuesta Barriga, describiendo fusilamientos en el lugar y la presencia de fosas recientes.

Familiares de detenidos desaparecidos valoraron la acción judicial como un paso clave para avanzar en verdad y búsqueda, luego de décadas marcadas por el ocultamiento sistemático de los crímenes.