Denunciante de presidenta del PJ fue acusado por violencia familiar
Gino Román Torres, el ciudadano que denunció a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por una supuesta omisión en su declaración jurada, fue acusado por presunta violencia familiar por su expareja, Verónica Lara Rojas, en 2018.
Según el reporte policial al que este medio tuvo acceso, una amiga de la agredida, identificada como Lesly De la Cruz Elescano, llegó a la comisaría UV Nª3 de Lima y relató que el día 20 de mayo del 2018, su amiga Verónica Lara Rojas le escribió a través de Facebook para pedir ayuda luego de que Román Torres intentara apuñarla en el vientre, cortándole la ropa con un cuchillo.
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Los hechos habrían ocurrido en el departamento de Verónica, en el Cercado de Lima.
Al ser consultada sobre cuál fue la causa de la agresión, Verónica Lara señaló que Gino quería retomar la relación y que la maltrataba.
El caso fue visto por el Juzgado de Familia de Lima, el cual dio medidas de protección en favor de Verónica Lara Rojas.
La versión de Gino Román
En diálogo con La República, Román Torres, negó las imputaciones de su expareja y señaló que el día de los hechos estaba en Surco y no en la vivienda de Verónica. Y que el caso fue archivado por la Fiscalía en junio del 2023, porque no hubo pruebas.
Según documentación enviada por Román, el agente que tomó la denuncia negó haber visto lesiones en Verónica ni rastro de sangre en alguna de sus prendas.
“Ellos promovieron eso por el Facebook y fueron a la comisaría y Lesly puso la denuncia señalando que Verónica había sido acuchillada. Pero el caso fue archivado porque el policía que recibió la denuncia declaró que la señorita no tenía ninguna lesión y que quien exigía que la denuncia fuera por feminicidio y que dijera que Verónica fue acuchillada era Lesly”, sostuvo Román Torres.
Además, sostuvo que denunció a Verónica por violencia psicológica, pues hasta el 2025 le escribía mensajes a su Whatsapp pidiendo verse nuevamente. Él consiguió medidas de protección contra ella.
“Yo la denuncié por robo primero de mi celular y posteriormente porque ella me estaba violentando psicológicamente. Y yo puse una denuncia por violencia psicológica también. Porque pese a que ella decía que yo la había secuestrado, violado y que la había acuchillado, que es lo que ella denuncia, ella me seguía escribiendo y me seguía buscando”.
En el 2018, un reportaje de Día D contó la tormentosa relación entre Verónica Lara Rojas y Gino Román Torres. Y también reveló que otras tres personas denunciaron a Lara Rojas por violencia física.
Este medio trató de comunicarse con Lara Rojas, pero no hubo respuesta.
La denuncia
Román es director ejecutivo del Centro de Protección del Ciudadano Equidad. Él presentó una denuncia contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por una presunta omisión dolosa al no consignar en su declaración jurada de intereses 2021-2025 a Daniela Moreno Tello como su sobrina.
Para Román, es preocupante que Moreno trabaje en la Cámara de Comercio de España, entidad que agrupa empresas con litigios con el Estado, como Repsol y Telefónica
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) le dio un plazo de 5 días a Tello para que brinde su descargo. El plazo venció ayer.
“Yo no cuestiono la calidad de ella como magistrada. Es un cuestionamiento a una falta objetiva, una falta grave, que lamentablemente es un delito, porque ella ha tenido la intención de ocultar la existencia de su sobrina por muchos años. Y no solo de su sobrina. En sus declaraciones juradas, ella no ha señalado que su hija ha trabajado para el estudio Echecopar”, señaló Román Tello.
No es la primera vez que la JNJ va contra el PJ. En febrero de 2025, oficializó el inicio de un proceso disciplinario contra Janet Tello y otros cuatro magistrados supremos, quienes habrían emitido de manera irregular una sentencia el 19 de julio del 2024.
Persecución a magistrados, según Jusdem
Recientemente, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) alertó que luego de que la JNJ lograra la destitución de Delia Espinoza, se podría continuar con una “persecución sistemática” de jueces y fiscales.
“Alertamos que, tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, los procedimientos disciplinarios con fines intimidatorios, a lo que se agrega el uso de redes para desacreditar a magistrados; en modo alguno constituyen hechos aislados y fortuitos”, opinó este organismo.