La Confederación Española de Policía (CEP) ha emitido este domingo un comunicado en el que condena la agresión a cuatro agentes nacionales en la madrugada del sábado en Ribeira, cuando fueron embestidos por un vehículo conducido por un delincuente multirreincidente al que ya habían detenido el día anterior y que, «incomprensiblemente», había sido puesto en libertad. El sindicato policial denuncia que el suceso es la consecuencia directa de una legislación «endeble» y de la falta de medidas contundentes contra la delincuencia violenta y reincidente. Los hechos sucedieron en torno a las doce y media de la noche. Los cuatro policías habían reconocido al presunto delincuente conduciendo un vehículo pese a tener en vigor una pérdida del permiso de conducción; cuando se disponían a identificarlo, «emprendió su huida a gran velocidad, poniendo en peligro a todos los usuarios de la vía», y acabó embistiendo a los vehículos policiales que habían cerrado una calle e intentando agredir a los agentes para evitar su detención, causando heridas de diversa consideración a cuatro de ellos. Desde la CEP subrayan que el agresor había sido detenido apenas unas horas antes, en la noche del jueves, por incumplir una condena o medida cautelar y por posesión de una cantidad significativa de droga, presuntamente destinada a la venta. «Y todo ello, tras haberse encarado a los agentes y estar en posesión de un cuchillo de 16 centímetros», añade el sindicato. Desde el colectivo consideran que «la situación es insostenible», con 17.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil agredidos cada año y una escasez de efectivos en las comisarías gallegas «para hacer frente a la creciente delincuencia violenta» . «Culpa de ello la tiene el Gobierno actual, por no legislar con medidas contundentes que le pongan coto a esta deriva, y los ministerios de Interior y Justicia», apuntalan, ni aportar los medios necesarios para frenar la multirreincidencia. Según los datos de los que dispone el sindicato, entre el primer semestre de 2019 y el de 2025 las infracciones penales de este tipo han aumentado un 56% en España, una evolución que considera reflejo de que los agentes están «más expuestos que nunca» en la calle. Ante este escenario, la CEP anuncia que sus servicios jurídicos respaldarán a los agentes heridos y actuarán en los juzgados para reclamar penas de prisión para el agresor y una indemnización por las lesiones sufridas. E insiste en reclamar un endurecimiento del Código Penal para el delito de atentado contra la autoridad, castigos más severos para la multirreincidencia y una mayor protección jurídica y personal para los policías, reconociéndose la de Policía Nacional como profesión de riesgo y dotando a los efectivos de más medios técnicos y de autoprotección, como dispositivos eléctricos, chalecos antibalas o cámaras unipersonales
