Sala Cuna para Chile: el emblemático proyecto que prometía cerrar una brecha histórica y quedó entrampado en el Congreso
El proyecto de Sala Cuna para Chile, impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric como eje de corresponsabilidad social y de inserción laboral femenina, quedó bloqueado en el Senado tras no avanzar en la Comisión de Educación. El hecho desató un duro enfrentamiento político y reabrió un debate histórico sobre cuidado, empleo y financiamiento.
A semanas del término del mandato del Presidente Boric, uno de los proyectos que el Ejecutivo buscaba dejar encaminado —aunque no necesariamente promulgado— era el de Sala Cuna para Chile, una reforma largamente discutida desde los años 90 y que apunta a corregir una de las principales desigualdades estructurales del mercado laboral chileno: la penalización de la maternidad.
El proyecto, que se encuentra en tramitación en el Senado, había logrado avances sustantivos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se aprobaron aspectos considerados clave por el Gobierno, el mundo sindical y organizaciones de mujeres. Sin embargo, su paso por la Comisión de Educación —instancia obligatoria antes de llegar a la Sala— quedó detenido, lo que generó una ola de críticas cruzadas y acusaciones de bloqueo político.
Para el Ejecutivo y el oficialismo, el freno no afecta a un gobierno que termina, sino a cientos de miles de mujeres trabajadoras y a la economía del país. La oposición, en cambio, considera que el problema radica en la falta de financiamiento responsable de una iniciativa que consideran mal gestionada por la administración saliente.
Punto de prensa de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre Ley de Sala Cuna. Sebastian Cisternas/Aton Chile.
El corazón del proyecto: fin al tope de 20 mujeres
Uno de los elementos más relevantes del proyecto es la eliminación del requisito de contar con 20 trabajadoras mujeres para generar el derecho a sala cuna, exigencia vigente en el artículo 203 del Código del Trabajo. Esta norma ha sido ampliamente criticada por incentivar prácticas discriminatorias en la contratación femenina, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Con la reforma, el derecho a sala cuna deja de estar asociado al número de mujeres contratadas y pasa a un enfoque de corresponsabilidad familiar, extendiéndose tanto a trabajadoras como a trabajadores con hijos menores de dos años.
Desde el Gobierno, esta modificación ha sido presentada como un cambio estructural. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó el largo camino recorrido para llegar a este punto. “Desde el año 2024, a través de dos proyectos, hemos podido avanzar en una materia que el país ha discutido desde 1997. Se ingresaron dos sets de indicaciones como un gesto de diálogo, incluso manteniendo el proyecto del presidente Piñera”, señaló.
Lamentamos que se trabe un debate tan importante para el país como lo es #SalaCunaParaChile. Quienes deben citar a comisión decidieron no discutir la oportunidad de terminar con el tope de 20 mujeres y compartir el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres. pic.twitter.com/bLyUFo2lkz
— Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) January 27, 2026
La secretaria de Estado agregó que hubo presiones para no votar la iniciativa en períodos electorales, con el fin de no incomodar a sectores de la oposición. “A todos esos gestos respondimos, porque nos parece que la oportunidad de terminar con el tope de 20 mujeres y compartir el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres vale la pena todo ese esfuerzo”, aseveró.
Fondo de Sala Cuna y financiamiento mixto
Otro pilar del proyecto es la creación de un Fondo de Sala Cuna, de financiamiento mixto entre el Estado y los empleadores. Este fondo será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y tendrá un costo tope del 3% del total recaudado.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo 204 al Código del Trabajo, que regula los casos en que existan dos o más empleadores obligados a cumplir el derecho, estableciendo que será responsable aquel que tenga contratada a la persona con la jornada más extensa, aunque también se permite que los propios trabajadores acuerden quién ejercerá el beneficio.
Además, se contemplan mecanismos de sostenibilidad financiera, como estudios actuariales periódicos a cargo de la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos, y una Comisión Técnica encargada de definir el monto del aporte cada cinco años mediante decreto del Ministerio de Hacienda.
Desde el Ministerio del Trabajo, el freno al proyecto fue calificado como una oportunidad perdida no solo en términos sociales, sino también económicos. El ministro Giorgio Boccardo fue categórico en señalar que este bloqueo es “sumamente grave e irresponsable, no solamente porque se priva a una gran cantidad de mujeres de acceder al derecho a sala cuna, sino porque el país se pierde la oportunidad de generar más de 145 mil puestos de trabajo de mujeres”.
Ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo. Foto: Aton.
El secretario de Estado agregó que la iniciativa podría haber tenido un impacto positivo en el crecimiento económico: “Estamos hablando de un crecimiento adicional de entre un 0,1 y un 0,8% del PIB. No es solo una política social, es una política de desarrollo”.
El rol de la Comisión de Educación y las acusaciones de bloqueo
La controversia estalló luego de que no se citara a sesión de la Comisión de Educación del Senado para revisar el proyecto, debido a la ausencia de su presidente, el senador Sergio Sanhueza (UDI), quien se encontraba de viaje.
Desde el mundo sindical, la vicepresidenta de la CUT, Silvia Silva, lamentó profundamente lo ocurrido y sostuvo que: “Se impidió terminar la tramitación de un proyecto que pasaba a Sala para su última votación. Hoy tenemos que lamentar esta tremenda pérdida, principalmente por las cientos de miles de mujeres trabajadoras y por los niños y niñas de Chile”.
Punto de prensa en La Moneda de Silvia Andrea Silva, vicepresidenta de Finanzas de la CUT, juntos a otro dirigentes de la gremial y autoridades de gobierno. Foto: Aton.
Silva recordó que la iniciativa tuvo un extenso proceso de diálogo social, con participación de organizaciones del sector público y privado, y con respaldo transversal. “Este era un proyecto robusto, con apoyo transversal, fruto de conversaciones lideradas por cuatro ministerios por mandato del Presidente Gabriel Boric”.
En la misma línea, la vicepresidenta de la Mujer de la CUT, Karen Palma, exigió explicaciones políticas a la bancada de la UDI y al presidente electo José Antonio Kast.
La respuesta de la UDI: financiamiento y responsabilidad fiscal
Desde la oposición, las acusaciones fueron rechazadas de plano. La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, indicó en entrevista con CNN Chile Radio, que el problema no es político, sino fiscal: “El Gobierno se quiere intentar hacer el lindo a última hora, en un proyecto que nunca defendió y hoy día dice ‘aprobémoslo entre gallo y medianoche’, cuando no pone los recursos”.
La militante de la UDI María José Hoffmann. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.
Hoffmann advirtió sobre el escenario económico que heredará la próxima administración, asegurando que “lo más probable es que encontremos una situación fiscal mucho peor de la que hay hoy día. Enviar leyes sin financiamiento completo es una irresponsabilidad”.
Pese a las críticas, la dirigenta gremialista aseguró que espera que el proyecto sea retomado por el próximo Ejecutivo “en los tiempos que sean reales, sin populismo”.
Un debate que trasciende al gobierno de turno
Para parlamentarios del oficialismo y de sectores progresistas, el episodio es una señal de alerta sobre la dificultad de avanzar en derechos sociales sin mayorías sólidas en el Congreso. El diputado Jaime Mulet, en nuestro tradicional panel de conversación en la primera edición de Radioánilisis, sostuvo que el proyecto es “muy necesario y democratizador” y lamentó que se detenga por razones procedimentales.
“La Sala Cuna Universal impone costos fiscales y privados, y la derecha no quiere asumirlos. Pero el país tiene que ver la manera de financiarlos, sí o sí”, afirmó.
Desde el oficialismo, figuras del Frente Amplio como Emilia Schneider, Lorena Fries, Diego Ibáñez y Andrés Giordano coincidieron en calificar lo ocurrido como una señal de “indolencia” frente a una demanda social ampliamente respaldada.
Más allá del cruce de responsabilidades, el proyecto de Sala Cuna para Chile vuelve a dejar en evidencia una tensión histórica: quién asume el costo del cuidado y cómo el Estado enfrenta las desigualdades de género en el trabajo.