El efecto dominó del Gobierno con la regularización de inmigrantes: mimar a Podemos para atraer a Junts
El Gobierno había diseñado antes de Navidad un complejo plan de nuevas cesiones a sus socios parlamentarios con la idea de intentar rearmar la maltrecha mayoría de investidura. Empezó con Junts, cuando Pedro Sánchez asumió el incumplimiento de sus compromisos y desbloqueó algunos asuntos pendientes. Luego, siguió con ERC y la financiación singular para Cataluña, y más tarde con el PNV y la transferencia de competencias pendientes al País Vasco.
Aunque el esfuerzo está siendo ingente, todavía sigue sin ser suficiente hasta ahora porque Junts sigue sin claudicar y el Gobierno sigue sin mayorías. Ayer se vio el perfecto ejemplo en el Congreso de los Diputados: el voto en contra del partido de Carles Puigdemont al decreto ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones provocó, que decayera. Pero ahora el Ejecutivo ha encontrado un filón.
Ayer, en los pasillos del Congreso, dirigentes de Podemos reconocían que el pacto con el Gobierno para regularizar alrededor de medio millón de inmigrantes ayudaba, al menos como gesto, para negociar la cesión de las competencias migratorias a Cataluña. Este es uno de los principales reclamos de Junts, uno de los motivos por el cual los independentistas siguen sin brindar su apoyo al Gobierno, y estaba bloqueado porque los morados la consideran una norma racista.
El Gobierno estaba en una compleja disyuntiva por la cual Junts no les apoyaría jamás una regularización de inmigrantes por la presión del partido independentista y xenófobo de Aliança Catalana, y Podemos no les apoyaría la delegación de las competencias migratorias sin la regularización. Al final, el Ejecutivo aprobó un decreto que no necesita pasar por el Congreso, por lo que no tendrá el bloqueo de los postconvergentes, y los morados se abren a desbloquear la cesión migratoria.
"La negociación (sobre las competencias) estaba cerrada, pero estamos dispuestas a abrirla si se toman en cuenta nuestras consideraciones", aseguró ayer en rueda de prensa Ione Belarra, secretaria general de los morados. Aunque recordó que en ningún caso va a "respaldar un proyecto racista", ya no se pronunció con la misma dureza con la que hablaba hace meses sobre el asunto.
El principal escollo que encontraban los morados es que consideran que la redacción del preámbulo de la ley y algunas medidas tienen tintes racistas. Cuando se les preguntaba sobre su apoyo a la norma, desde Podemos siempre derivaban la conversación a la reforma de la Ley de Extranjería, su principal reclamo como primer paso antes de hablar de todo lo demás. Ayer, en una rueda de prensa, Belarra ni mencionó la Ley de Extranjería y ya se mostró mucho más abierta. "Primero, derechos y papeles, después hablamos de lo demás", añadió.
Aunque los morados siguen escenificando cierta distancia con el Ejecutivo, en Moncloa celebraron ayer el gesto de que Podemos se abriera a negociar la cesión de las competencias migratorias. Consideran que las relaciones están mucho más "engrasadas", según define un alto cargo del PSOE, y que por eso ellos también permitieron que fueran los morados los que hicieran el anuncio del acuerdo, a pesar de que no va a pasar por el Congreso de los Diputados y no hace falta el apoyo parlamentario de nadie.
Es decir, que han dejado que los de Ione Belarra se anoten un tanto de algo que sale exclusivamente desde el Gobierno. Incluso, aunque pueda conllevar cierto coste interno, ya que el socio de coalición, Sumar, lleva también meses pidiendo que se regularice a los inmigrantes, solicitando al PSOE que tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) varada en el Congreso, e intentando capitalizar ese debate.
A pesar de los indicios, en Podemos no han querido desvelar en concreto qué darán al PSOE a cambio de este gesto. La cúpula morada reconoció ayer que había contrapartidas, pero que el PSOE les pidió "discreción" y que piensan respetarlo. Belarra dijo, eso sí, que nada tenía que ver con su apoyo a los presupuestos.
En Junts, la noticia del pacto con Podemos cayó bastante bien. Una fuente del partido de Puigdemont reconocía ayer que "ojalá" ese gesto de Pedro Sánchez sirviera para desbloquear la ley de cesión de competencias. De hecho, se cuidaron mucho de criticar en público el decreto de regularización, pese a que discursivamente están en contra, y centraron todos sus esfuerzos políticos en censurar que el Gobierno condicionara la revalorización de las pensiones a una ayuda para paralizar desahucios.
Según explican desde Junts, el no haber cedido las competencias migratorias "es uno de los incumplimientos del Gobierno y ahora les toca a ellos". "Nosotros hemos hecho nuestra parte", insisten, por lo que esperan más gestos por parte del Ejecutivo y que sea Moncloa quien hable con Podemos para tramitar dicha ley.
Además de servir para acercarse a sus socios, en el Gobierno también son conscientes de que la regularización de migrantes cambia el foco de lugar (ya no se habla tanto del accidente de Adamuz) y sirve para colocar al PP en una delicada posición. Los populares están obligados a entenderse con Vox y los debates migratorios no son nada cómodos para Alberto Núñez Feijóo.
A pesar de ello, los conservadores reaccionaron con fuerza en contra de la medida, considerando que puede contribuir a un efecto llamada y que la regularización se aplicará "sin control ni garantías". Además, en el PP estudian llevar dicha regularización a los tribunales, algo que también hará Vox. Su líder, Santiago Abascal, aseguró ayer que iba a iniciar contactos con sus aliados en la Unión Europea para explorar "todas las vías jurídicas para tratar de impedir este atropello a los españoles".