Los condenados por delitos vinculados con la okupación, como pueden ser el allanamiento de morada o la usurpación de vivienda, no podrán acceder a una vivienda protegida en los cinco años siguiente a la sentencia. Así lo ha anunciado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum . Ayuso se ha referido al nuevo Reglamento de Vivienda pública, que está en fase de tramitación y que el Gobierno regional madrileño tiene previsto aprobar en el mes de julio. La norma incluirá como novedad el requisito de acreditar empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante un periodo mínimo de 10 años para acceder a una vivienda protegida. «Vamos...
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