Senador Castro (PS) solicita a Contraloría revisar falta de cobertura de la Ley Ricarte Soto
El senador Juan Luis Castro (PS), expresidente del Colegio Médico (Colmed) e integrante de la Comisión de salud del Senado, se reunió con la contralora general de la república, Dorothy Pérez, para interponer un requerimiento formal que solicita revisar la legalidad de la suspensión indefinida de la Ley Ricarte Soto. Además del parlamentario socialista, se hicieron presentes dirigentes de organizaciones vinculadas a enfermedades cubiertas por dicha legislación.
La presentación del requerimiento ocurre en el marco de los cuestionamientos respecto a la demora de la actualización de la Ley Ricarte Soto. El problema sobre la modernización de la iniciativa, según detalló el senador Castro, radicaría en que el Ministerio de Hacienda aún no ha remitido el informe presupuestario para viabilizar las nuevas coberturas.
“El Minsal está a la espera del informe de Hacienda. Pasarse la pelota de unos a otros cuando el gobierno es uno solo, no es un buen camino”, criticó el parlamentario.
El antiguo líder del Colmed denunció: “El Estado no se ha hecho cargo de los pacientes. Vengo a pedir que la contralora Dorothy Pérez, audite y fiscalice al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto, quienes hoy le están negando los recursos a 30 mil pacientes”. Además, aseguró que la Comisión de Salud del Senado acordó unánimemente citar a la Dipress y al Ministerio de Hacienda por esta materia.
Senador Juan Luis Castro (PS). Foto: Aton.
Cristóbal Salazar, director de Fundación Padece, quien vive con dermatitis atópica grave desde su nacimiento, relató el impacto cotidiano de la enfermedad y la urgencia de contar con tratamientos continuos. “Sabemos que existen medicamentos que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero seguimos sin respuestas. Sin ellos, vivir el día a día como una persona normal es extremadamente difícil”, afirmó, enfatizando la incertidumbre constante y la escasa visibilización de patologías crónicas y poco conocidas.
Natalia González, presidenta de Fundación Espondiloartritis Chile, diagnosticada hace 12 años y actualmente financiando su tratamiento con recursos propios, advirtió que la falta de cobertura está empujando a muchos pacientes hacia la discapacidad temprana. Recordó que personas que lucharon por la creación de la ley hoy ya no pueden caminar.
“No estamos pidiendo favores, solo igualdad en el acceso a medicamentos para poder seguir trabajando, estudiando y aportando al país”, señaló, destacando el alto costo emocional, familiar y económico que enfrentan.
La ley entrega protección financiera a condiciones específicas de salud, como enfermedades oncológicas, inmunológicas o raras, que hayan sido determinadas a través de un Decreto Supremo del Ministerio de Salud. Este colchón económico no distingue entre sistemas previsionales de salud (Isapre, Fonasa, etc).
Fachada Ministerio de Salud. Fuente: Aton.
Por parte del Minsal, la doctora y vocera Tania Herrera, jefa de la División de Planificación Sanitaria (Diplas), afirmó a través de un comunicado que: “Esta ley exige que la Dipres emita previamente un informe de sustentabilidad financiera para definir nuevas coberturas. Se espera contar con este documento para seguir adelante con el proceso”.
“Como Ministerio, considerando las recomendaciones de la Comisión Especial Investigadora de la Ley Ricarte Soto (CEI 40) de 2024, ingresamos en junio de 2025 a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley (boletín 17567-11) que modifica la Ley N°20.850, con el objetivo de fortalecer su eje financiero, optimizar el uso de los recursos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana”, añadió.
La marcha de los enfermos
El génesis de la ley se remonta a mayo de 2013, en donde el periodista Luis Ricarte Soto Gallegos, diagnosticado con cáncer al pulmón, convocó la marcha de los enfermos. El objetivo era costear los medicamentos y tratamientos de alto costo para enfermedades que no se beneficiaban del plan Auge.
La manifestación convocó a más de 10 mil personas que se pronunciaron por el alto costo de los medicamentos para enfermedades crónicas, catastróficas y poco frecuentes.
Dos años después de la marcha, en 2015, el segundo gobierno de Michelle Bachelet se publicó la Ley Ricarte Soto, en honor del periodista ya fallecido para esa fecha.
El senador afirmó en el punto de prensa que, “el Estado no se ha hecho cargo de los pacientes”, recalcó que “hoy le están negando los recursos a 30 mil pacientes” . Añadió que, “el Minsal aún está a la espera del informe del ministerio de Hacienda”.