Estos son los días de ausencia retribuida previstos durante este año si te ves afectado por limitaciones de movilidad
Como consecuencia directa del accidente ocurrido en la localidad de Adamuz, el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía ha quedado completamente interrumpido. Esta línea, una auténtica columna vertebral para el transporte nacional, permanecerá cortado durante un tiempo considerable. Las primeras estimaciones de los técnicos apuntan a que el servicio no podrá reanudarse con total normalidad hasta, como mínimo, el próximo 2 de febrero, lo que anticipa varias semanas de graves complicaciones para miles de viajeros que dependen de esta conexión.
Ante esta parálisis ferroviaria, ya se han activado diversas medidas para mitigar el impacto en la movilidad. Renfe ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte por carretera, utilizando una flota de autobuses para cubrir el tramo afectado y tratar de garantizar el desplazamiento de los pasajeros con billete. De forma paralela, el sector aéreo ha reaccionado con celeridad, y tanto Iberia como Air Europa han anunciado un aumento en el número de vuelos y de asientos disponibles en sus rutas entre la capital y las ciudades de Sevilla y Málaga.
Permisos laborales e indemnizaciones para los afectados
En el ámbito laboral, la interrupción del servicio también acarrea consecuencias directas. Aquellos trabajadores cuya movilidad se vea directamente perjudicada por el corte de la línea podrán acogerse a un permiso retribuido de hasta cuatro días por "causa de fuerza mayor". Se trata de un derecho de reciente aplicación, vigente desde este mismo 2024 y que se encuentra recogido en el Estatuto de los Trabajadores para dar cobertura a situaciones imprevistas de esta envergadura.
Asimismo, en lo que respecta a las víctimas del siniestro y a sus familias, todas ellas están amparadas por las coberturas del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), que se incluye automáticamente en la compra de cualquier billete de tren. La normativa vigente establece una indemnización mínima de 72.121 euros por cada fallecimiento. Para los heridos, las compensaciones por lesiones corporales se mueven en una horquilla que parte de los 2.402 euros y puede superar los 84.000, en función de la gravedad de los daños sufridos y las secuelas.