El Gobierno ha aprobado elevar la financiación para el siguiente contrato de gestión del sistema de pulseras antimaltrato . La adjudicación actual, polémica por los fallos en el servicio y los dispositivos que trascendieron en verano y noviembre, y cuya gerencia depende del Ministerio de Igualdad, vence en mayo. Por ello, el Consejo de Ministros acordó un compromiso de gasto de hasta 71.369.269,41 euros (IVA incluido) para la nueva licitación. No es el pago definitivo, dado que el Gobierno aún no lo ha presentado a concurso público, sino que se trata de la cantidad máxima que se permitirá invertir para la gestión del servicio hasta 2029. El nuevo compromiso del Gobierno supera en casi 30 millones de euros al pago realizado a la última adjudicataria, la UTE Vodafone-Securitas, y que, según la telefónica, se cerró por 42,6 millones de euros. La titular de Igualdad, Ana Redondo , quiere evitar nuevas incidencias en el servicio y ya explicó en diciembre que el nuevo contrato tendrá «mejoras técnicas». Igualdad tuvo que admitir que durante la migración de información de una empresa adjudicataria a otra, en 2024, se perdieron datos relativos a quebrantamientos de órdenes de alejamiento de forma «temporal», que eran elementos probatorios relevantes para procesos judiciales de violencia de genero y sexual. También tuvieron que capear denuncias por errores técnicos en las baterías de los dispositivos o en la geolocalización. Todo ello le costó a Redondo la reprobación en el Congreso y una moción en el Senado que pedía su cese. El contrato que vence en mayo con la UTE Vodafone y Securitas fue licitado por el anterior departamento de Igualdad liderado por Irene Montero después de que otra asociación de empresas (Telefónica y Securitas Direct) no se presentara a la oferta por no considerarlo rentable. El Consejo de Ministros aprueba los 71 millones a través de un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. Esta norma pone límites a los ministerios para elevar lo presupuestado en los siguientes años, por lo que Igualdad necesitaba esta autorización del gabinete para tramitar nuevos expedientes de gasto. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, encabezada por Carmen Martínez Perza , fue quien solicitó modificar los topes manifestando su «necesidad». De los 71 millones para los contratación, corresponden 59.280.321 euros al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos. Los restantes 12.088.947 son para la adquisición de nuevos dispositivos. También se plantean otros dos millones de euros para las prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor, relativos, entre otros, al portal estadístico, al mantenimiento de aplicaciones y a servicios de creatividad, para los ejercicios 2026 y 2027. El Tribunal de Cuentas se encargará de fiscalizar la contratación y el control del servicio , según lo que comunicó este órgano en su Programa de Fiscalización para este año. La supervisión tendrá como objeto analizar un correcto funcionamiento del sistema después de los fallos de julio y noviembre, y comprobar que el nuevo contrato tenga un uso correcto de los recursos públicos y cumpla con la normativa vigente.
