Conflicto por pagos en UMA
El Congreso del Trabajo solicitará formalmente al IMSS y al ISSSTE eliminar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para el pago de pensiones. Iván Navarro Morales, secretario general de la Federación de Agrupaciones Obreras de la República Mexicana (FAO), señaló que cerca de un millón de jubilados perciben montos inferiores al salario mínimo vigente, situación que calificó de ilegal. IMSS y el ISSSTE aseguran que la relación con los retirados es de carácter administrativo y no laboral, premisa que el sector obrero rechaza al considerar que la pensión es el sustituto directo del salario.
La dirigencia sindical denunció además irregularidades en el financiamiento de las pensiones por riesgo de trabajo. Según Navarro Morales, el IMSS y diversas aseguradoras utilizan indebidamente los recursos de las subcuentas de cesantía, vejez y cuota social para cubrir accidentes laborales. Este mecanismo contravendría el Artículo 123 constitucional, el cual establece que la responsabilidad económica de los accidentes de trabajo recae exclusivamente en el patrón y no en los ahorros para el retiro del empleado.
En el marco del 60 aniversario del Congreso del Trabajo, que se conmemorará el próximo 18 de febrero, los organismos sindicales ratificaron su respaldo a los programas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el complejo escenario internacional. No obstante, mantendrán la presión sobre las autoridades federales para citarlas a comparecer y explicar el manejo de las cuantías pensionarias y el uso de los fondos de las Afores.
Finalmente, el organismo cúpula manifestó su apoyo al Sindicato de Trabajadores del Infonavit (SNTI), que mantiene un emplazamiento a huelga para este miércoles 21 de enero. El conflicto deriva del rechazo a una propuesta de incremento salarial del 2 por ciento, cifra considerada insuficiente por la base trabajadora frente a las condiciones económicas actuales.
Riesgo para Afores
El litigio en torno a la concesionaria Aguakan en Quintana Roo genera incertidumbre sobre la certeza jurídica y la seguridad para la inversión en la entidad gobernada por Mara Lezama. Recientemente, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito negó a las Afores, en su calidad de accionistas, la posibilidad de acceder a la protección federal contra el Decreto 195. Mediante dicho decreto, el Congreso local busca anular la prórroga de la concesión de agua otorgada en 2014, una medida que impacta directamente en fondos de retiro.
El tribunal calificó la demanda de amparo como improcedente, bajo el argumento de que la revocación de la concesión no afecta el interés jurídico de los accionistas. La posible cancelación del contrato implicaría un impacto económico directo y cuantificable para los fondos involucrados.
A la controversia jurídica se suman cuestionamientos sobre la imparcialidad del tribunal. Los magistrados Berenice Polanco Córdova y Lenin Salvador Zenteno participaron en la resolución pese a tener vínculos previos con los actores del conflicto: Polanco fue diputada local cuando se autorizó la prórroga de la concesión, mientras que Zenteno se desempeñó como funcionario municipal y asesor del gobierno estatal.
Este escenario refuerza las advertencias realizadas por el Consejo de Inversionistas Estados Unidos–México sobre la necesidad de Estado de derecho para atraer capital.
Mobil expande MLA
Mobil introdujo en México su servicio Mobil Lubricant Analysis (MLA), una plataforma de análisis de lubricante usado para los sectores de manufactura, minería y transporte pesado. El sistema monitorea variables como viscosidad, oxidación y presencia de metales para detectar fallas prematuras y optimizar los ciclos de mantenimiento de equipo industrial.
Con la apertura de esta infraestructura, la compañía nacionaliza un proceso que anteriormente requería el envío de muestras a laboratorios en Estados Unidos. Actualmente, los clientes de ExxonMobil en el país generan más de 90 mil muestras anuales; el nuevo centro local cuenta con la capacidad instalada para procesar el 100 por ciento de esta demanda de manera autónoma.
La operación local reduce los tiempos de logística y permite la entrega de resultados en un plazo de hasta 48 horas. Este despliegue técnico, respaldado por 40 años de experiencia en análisis de fluidos, busca acelerar la toma de decisiones basada en datos y mejorar la gestión de activos en las industrias que operan en territorio mexicano.