El sector de la educación pública ha convocado desde hoy y hasta el próximo jueves, cuando se esperan las grandes movilizaciones , tres días de huelga, justo antes del inicio de la campaña electoral en la comunidad . Los sindicatos educativos denuncian la intención del Gobierno de Aragón de «privatizar» la enseñanza infantil de 0 a 3 años y la concertación del Bachillerato que se anunció este año en el debate sobre el estado de la región y que ahora mismo sindicatos como CSIF han recurrido ante la Justicia. Critican, asimismo, una reciente inversión de 20 millones por parte del Gobierno de Aragón en la educación concertada. Las protestas engloban a todos los trabajadores de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Son en total 17.000 docentes y 15.000 no docentes que forman parte de las plantillas de la educación aragonesa. La convocatoria también está abierta a estudiantes. Los centros permanecerán abiertos y con los servicios mínimos del 25% fijados por el departamento de Educación, que además, contemplan la presencia de al menos un miembro del equipo directivo. A ello se suma, según la tipología de cada centro, un número de trabajadores de cocina, servicios auxiliares, mantenimiento o personal doméstico para garantizar todos los servicios mínimos. En el caso de los centros de educación especial, la orden publicada ayer lunes en el Boletín Oficial de la comunidad de Aragón (BOA) refuerza la atención al alumnado con la garantía de personal sanitario y auxiliares de educación especial. La regulación se extiende también a otros ámbitos del sistema educativo, como los colegios rurales agrupados, los centros de educación de personas adultas, los equipos de orientación educativa, las escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Aragón y las residencias o centros rurales de innovación educativa. En estos casos, los servicios mínimos se ajustan a la existencia o no de convivencia del alumnado y a los distintos turnos de actividad, que se consideran de forma independiente. La convocatoria ha sido respaldada por medio centenar de Ampas, o Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, que han firmado un manifiesto conjunto. Denuncian también que faltan orientadores, administrativos, auxiliares, técnicos de infantil, personal de limpieza en los centros y que además urge inversión para mejorar instalaciones anticuadas y que presentan carencias. Desde el Gobierno de Aragón defienden que se han aumentado 200 millones en dos años , que se ha realizado «la mayor de la historia», con más de 1.300 millones de euros y que el 84 % del presupuesto está dedicado «exclusivamente a la red pública». Además, el ejecutivo autonómico insiste en que se ha contratado a 2.000 profesionales más, que han dejado de ser los peores pagados de España como se encontraron al llegar al Gobierno y que se han mejorado las condiciones laborales y salariales de la educación pública. Estas mejoras se cuantifican en unos 126 millones consignados hasta el año 2027.
