Los familiares del alumnado del colegio público Gregorio Marañón , en el barrio de Santa María de Benquerencia (Toledo), aseguran haber llegado a un límite. Denuncian que desde hace años sus hijos acuden al centro inmersos en un constante «clima de miedo y tensión» provocado por las «agresiones violentas» de un alumno, tanto físicas como verbales , que afectan no solo a los estudiantes sino también al profesorado. Según relatan, la situación se remonta seis años atrás, desde que este alumno comenzó su escolarización en la etapa de Educación Infantil. Lejos de mejorar con el paso del tiempo, el conflicto se ha ido agravando a medida que los cursos avanzaban. «El centro ha adoptado medidas dentro del aula, pero no han sido suficientes. Su comportamiento ha empeorado con los años; ha ido aprendiendo para mal», explican las familias. Los incidentes forman parte del día a día del alumnado: empujones, insultos, amenazas, interrupciones constantes en clase y faltas de respeto tanto a compañeros como a docentes. «Un empujón puntual puede ocurrir, pero cuando siempre es el mismo niño el que empuja, tira el bocadillo, pinta en los cuadernos, insulta a la profesora o se mete con otros niños. Esas conductas anómalas acaban normalizándose, y eso es lo que están viviendo nuestros hijos», denuncian. El problema también ha tenido un fuerte impacto en el profesorado. Varias bajas laborales derivadas de esta situación han provocado una gran inestabilidad en las aulas, con cursos que han llegado a tener hasta cuatro docentes diferentes en un mismo año escolar. A consecuencia de estos hechos, lamentan los «efectos negativos» en el conjunto del alumnado, no solo a nive l académico, sino también social, psicológico y emocional, físico y conductual. A pesar de que el centro ha informado en reiteradas ocasiones a la Inspección de Educación, los padres consideran que las actuaciones emprendidas no han sido eficaces. «El colegio está haciendo lo que puede, pero está claro que no funciona. Nadie nos ofrece una solución real. Los niños deberían crecer en un entorno seguro y eso ahora mismo no está ocurriendo », subrayan. Las consecuencias emocionales en los menores son, según las familias, cada vez más evidentes. « Los niños tienen miedo, sufren pesadillas y no se atreven a decir nada por temor a represalias. Hay menores que no quieren ir al colegio, y eso es inaceptable», insisten, recordando que la legislación reconoce el derecho de todos los menores a desarrollarse en entornos educativos seguros y libres de violencia, algo que, aseguran, no se está garantizando. Hoy lunes está prevista una reunión entre los representantes de las familias, la dirección del centro, la Inspección de Educación y la Delegación Provincial para abordar la situación. Además, de estar programado un encuentro entre la Delegación y los familiares afectados para escuchar sus demandas. Tras una serie de incidentes ocurridos el pasado jueves la gota que colmó el vaso. Las familias registraron en Educación un escrito formal recopilando los altercados a lo largo de los años y solicitando un «cambio significativo» en las medidas adoptadas. Como medida de protesta, decidieron no llevar a sus hijos a clase ni jueves ni viernes. Una «huelga de asistencia» que se mantiene también para hoy lunes y que, en esta ocasión, se ha extendido a todo el alumnado del centro. «Solo pedimos que se cumpla la normativa. No queremos ningún tipo de violencia en el colegio . Los niños tienen derecho a estar seguros y la ley debe garantizarlo. No sabemos quien tiene que tomar las decisiones solo pedimos que las tomen y que busquen una solución ya», afirman. La protesta ha generado un amplio respaldo entre padres y miembros de la comunidad educativa. « No buscamos culpables, solo soluciones . Queremos que nuestros hijos puedan ir al colegio tranquilos y sin miedo», señalan. Muestra de ese respaldo y para facilitar la conciliación durante la jornada, una academia del barrio se ha ofrecido a acoger a los menores que no acudan a clase, proporcionando un espacio seguro y actividades alternativas. Desde la dirección del colegio, por su parte, han confirmado que son conscientes de la situación y que se están aplicando medidas dentro de las competencias del centro, al tiempo que piden «calma y tranquilidad» a las familias. Sin embargo, estas insisten en que cualquier salida al conflicto debe pasar, de forma ineludible, por garantizar un entorno educativo seguro para todos los alumnos.
