Desahucian en Madrid a dos menores huérfanas por violencia machista junto a su abuela
Dos niñas de cinco y diez años, huérfanas desde 2023 por el asesinato machista de su madre, han sido desahuciadas junto a su abuela en el distrito madrileño de Villaverde por orden del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid.
El lanzamiento se ejecutó el pasado 14 de enero pese a la situación de extrema vulnerabilidad de la familia y a los informes de servicios sociales.
«Lo que ha ocurrido es una demostración clara del fracaso del sistema de garantías sociales para una familia en extrema vulnerabilidad», ha aseverado a EFE el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino.
La familia vivía en el distrito de Villaverde, donde la abuela, de 65 años, se había hecho cargo de las dos niñas tras el feminicidio.
Según la FRAVM, la abuela sostenía el hogar con unos 600 euros mensuales, una cantidad que sitúa a la unidad familiar muy por debajo del umbral necesario para acceder a una alternativa residencial estable en el mercado actual.
«Es un fallo brutal del sistema judicial, es una vergüenza que el juzgado teniendo un informe de vulnerabilidad social como tuvo, no paralizara el desahucio», ha considerado Nacarino, que ha denunciado también la ausencia de asistencia jurídica en el momento del lanzamiento.
Según ha contado, la abogada de oficio asignada a la familia no acudió a la ejecución del desahucio y envió en su lugar a un procurador, «que no tiene capacidad de negociación ante la comisión judicial», lo que impidió que se exploraran vías de mediación o aplazamiento que habrían podido dar margen para buscar una solución habitacional.
Contaban con un informe de vulnerabilidad
La familia contaba con un informe de vulnerabilidad expedido por los servicios sociales, un documento que, según las entidades vecinales, debía haber servido para frenar el lanzamiento o, al menos, prorrogarlo.
Según la orden de desahucio, facilitada por la FRAVM, el lanzamiento se ejecutó a las 13 horas con intervención de Policía, cerrajero y procurador, entre otros, por orden del Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid.
Se trata de un desahucio hipotecario, el procedimiento se inició a partir de una deuda vinculada a la propiedad del piso y el fondo inmobiliario Circleville SL adquirió esa deuda a Caixabank y activó la vía judicial para hacerse con el inmueble, ha explicado la federación.
Fuentes del entorno de la familia han señalado a EFE que, en los meses previos al lanzamiento, personas vinculadas al citado fondo se personaban en la vivienda con el objetivo de presionar y acelerar la salida de la abuela y las menores, a las que llegó a ofrecer dinero para quedarse con la vivienda.
La FRAVM ha señalado que mantendrá el acompañamiento a la familia, que se ha realojado en otra vivienda gracias a su red de amistades, y que reforzará la denuncia pública de lo ocurrido.
Además, ha avanzado su intención de pedir una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar lo que consideran un fallo grave del sistema.