Sumar presiona al PSOE con una recogida de firmas a favor de su propuesta sobre los alquileres
- Sumar carga contra Isabel Rodríguez y la propuesta de bonificaciones
- Aviso sobre subidas de hasta el 60% y riesgo de expulsión
- La Abogacía del Estado y las dudas jurídicas
Sumar ha lanzado una recogida de firmas para presionar al Partido Socialista con el objetivo de que ceda y acepte su propuesta de prorrogar los 600.000 alquileres que caducan este año sin opción a que los propietarios los suban de precio.
Sumar carga contra Isabel Rodríguez y la propuesta de bonificaciones
Según una iniciativa a la que ha tenido acceso Confidencial Digital, el partido minoritario del Gobierno vuelve a arremeter contra la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, destinatario final de la recogida de firmas, por negarse a aplicar esta medida y proponer, en cambio, bonificaciones fiscales a los caseros que no aumenten el alquiler.
Aviso sobre subidas de hasta el 60% y riesgo de expulsión
"Más de 1,6 millones de personas deberán afrontar una subida de hasta un 60% de sus alquileres o la expulsión de sus hogares", reza el texto difundido por Sumar para motivar a los ciudadanos a sellar su rúbrica en el documento.
"Hemos conocido con estupor que la propuesta del PSOE es premiar con incentivos fiscales a los propietarios. Una medida injusta e ineficaz que favorece a quienes ya tienen más renta y deja en manos de los caseros la decisión de aplicarla o no. Ni garantiza derechos, ni frena los abusos", sentencia sobre las medidas acordadas por Rodríguez y anunciadas por Sánchez.
"La prórroga no puede ser opcional ni un premio a los “buenos caseros”. Debe ser un derecho para todos los inquilinos y las inquilinas", añade. Los socialistas han argumentado desde el pasado lunes que la opción propuesta por Sumar de obligar a los propietarios a renovar los contratos es inconstitucional.
La Abogacía del Estado y las dudas jurídicas
Como adelantó Confidencial Digital, el ala socialista del Gobierno consultó a la Abogacía del Estado por la constitucionalidad de la medida, que sentenció en contra de impulsarla por la posible invasión de competencias que supondría respecto a las autonomías, así como los problemas jurídicos de prohibir a los caseros decidir el precio de un bien privado.
Por eso Sumar hace referencia a esta cuestión en el apartado final del documento: "Es una herramienta jurídica viable, que ya se aplicó durante la pandemia".