El mundo de la inmobiliaria, exactamente del alquiler de casas en Andalucía se prepara para un cambio importante en este 2026. Y es que a partir del próximo 24 de enero , los propietarios ya no estarán obligados a depositar la fianza estipulada en sus contratos de alquiler en la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVAR). Esta medida comenzará a tener vigor una vez entre la nueva Ley de Vivienda en Andalucía, la Ley 5/2025. Hasta la fecha, los caseros debían transferir el importe de la fianza a la administración autonómica . Con la nueva normativa, este paso administrativo desaparece tanto para viviendas como para locales comerciales, oficinas y naves urbanas y será el propio arrendador quien conservará la fianza. Esta nueva medida se ha dado con motivo de las malentendidos que generaba el sistema anterior a la hora de devolver la cuantía económica. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario debe entregar la fianza al inquilino en un plazo máximo de un mes tras la entrega de llaves . Sin embargo, los retrasos que este proceso conllevaba hacían que el propietario tuviera que adelantar el dinero de la fianza de su propio bolsillo y esperar a que la administración le devolviera ese dinero más tarde. Asimismo, exigir fianza sigue siendo un requisito indispensable para el inquilino . Según expresa el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) , que al ser una norma estatal, no se ve afectada por la ley andaluza.Por tanto, el inquilino debe seguir entregando una mensualidad de renta en los arrendamientos de vivienda habitual y dos mensualidades en los contratos para uso distinto, sin perjuicio de las garantías adicionales que puedan pactarse. La nueva ley no tiene efectos retroactivos . Por lo que las fianzas depositadas antes del 24 de enero de 2026 siguen la normativa anterior, de modo que permanecerán depositadas y su devolución se realizará según el procedimiento anterior. La eliminación de la fianza es solo una parte de la nueva ley, que también introduce medidas para aumentar la oferta de vivienda protegida, agilizar el suelo para construcción y reforzar la lucha contra la ocupación ilegal . Además, la norma establece un sistema de asesoramiento para desahucios y sanciones relacionados con vivienda protegida.
