La doble trampa de Montero a las regiones por la financiación autonómica
Todo apuntaba a que pintarían bastos y así fue. La cumbre sobre financiación autonómica auspiciada por María Jesús Montero, terminó en una goleada 14-1 a favor del «no» a su nuevo modelo, que llegó ayer acompañado de una sorpresa inesperada y que elevó la apuesta del Gobierno a una doble trampa: la de presentar un modelo pactado de antemano con ERC y la de alentar una propuesta con la única opción de adherirse al nuevo sistema o anclarse al antiguo. En la práctica, Montero se saca ayer de la chistera un sistema de financiación de dos velocidades, asimétrico y bilateral como única salida al bloqueo mostrado por todas comunidades autónomas excepto Cataluña, incluidas las socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias.
Este último brindis, presentado ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ofrece que la adscripción al nuevo modelo sea voluntaria, es decir, que las regiones decidan libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, lo que significaría que los que se queden con el sistema actual no mejorarían su financiación y solo los que cedan a la presión ganarían fondos, «un chantaje y una trampa fiscal, con el único fin de salvar los privilegios otorgados a Cataluña en detrimento del resto», explicaron a LA RAZÓN fuentes del PP.
Pero para la ministra no existen estos privilegios ni existen «razones objetivas para rechazar este modelo de financiación», que presentó como «un modelo solidario que permite recortar diferencias entre las comunidades mejor y peor financiadas, lo que garantiza que los recursos que se proponen son más homogéneos». Al menos sí reconoció que «no hay ningún modelo que cumpla al cien por cien con todas las expectativas de las comunidades. Y este tampoco», después de negar que el Gobierno haya planteado este plan para contentar a los independentistas. «Es mentira que hayamos pactado un cupo separatista y es falso que hayamos hecho una propuesta para un territorio en contra de otro. No hay trato de favor».
La segunda trampa es la bilateralidad, denunciada por los consejeros autonómicos, que ven la opaca intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de satisfacer las exigencias independentistas al presentar una propuesta cerrada, pactada de antemano y que pretende trasladarse al resto del país pero sin ordinalidad general, sino solo para Cataluña, aunque Montero lo negara ayer reiteradamente: «Este no es un régimen bilateral ni con ordinalidad, sino multilateral. Nosotros vamos a hablar con todo el mundo y queremos que nos trasladen sus propuestas para negociarlas y ver si son viables. Y el PP no nos ha presentado nada». Pero, a la vez, se desdijo de sus palabras y confirmó que iniciará una ronda de «reuniones bilaterales de carácter técnico» para profundizar en el modelo y buscar que se adhieran a la propuesta, antes de sacar a audiencia pública la ley orgánica para después, en segunda vuelta, llevarla al Consejo de Ministros y remitirla a continuación al Congreso, donde espera contar con apoyo de la Cámara para que pueda entrar en vigor en 2027. Un objetivo imposible con la negativa de algunos de sus socios, como Junts, y las dudas de otros como Podemos y Compromís.
Asimismo, en un tono agrio, la vicepresidenta reprochó a los partidos y la Prensa «las falsedades que se están diciendo sobre que este sistema es insolidario, sino que de forma clara y transparente es totalmente solidario, porque se puede saber qué ha aportado cada comunidad y qué ha recibido. Y con este modelo, nadie pierde».
Algo con lo que no están de acuerdo todos los gobiernos regionales menos el de Salvador Illa, que han advertido de que no secundarán lo que denominan el «modelo Junqueras», en relación con el líder de ERC. Así lo expresó tras la reunión la consejera de Economía madrileña, Rocío Albert, que aseguró que «nosotros no vamos a apoyar un sistema en el que Madrid aporta un 83% más de lo que recibe. Ni lo aceptamos ni lo vamos a sufragar, y vamos a usar todos nuestros recursos legales para que esto no salga adelante», adelantando que acudirían a la Justicia en el caso de que este planteamiento se convierta en ley orgánica.
En soledad quedó la consejera de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, que defendió que el nuevo modelo «beneficia a todas las regiones que tenían infrafinanciación», por lo que negó que el sistema beneficie «insolidariamente» solo a Cataluña.