Un socio de Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene cuatro empresas en una elitista calle de Madrid
El éxodo venezolano de los últimos años ha traído a España a empresarios relacionados con la compañía estatal de petróleo del país sudamericano, PDVSA. Es el caso de Manuel Antonio Robalino Orellana, un ecuatoriano que acumula en los últimos años cuatro empresas en una vivienda en el número 110 de la calle Serrano, una de las más caras de Madrid.
El primer piso del bloque están radicadas Territorio Pagaltalla SL, Pagaltalla SL, Global Maval Inversionel SL y Territorio Trading Group. Esta última, creada en septiembre de 2024 en España, consiguió el pasado verano un contrato para extraer petróleo, junto a PDVSA, en Campo Melones, en el distrito de San Tomé.
El contrato fue adjudicado por la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando ostentaba la cartera ministerial de Hidrocarburos del país. La información aparecía en la web de la compañía de Robalino Orellana hasta hace pocos días. Ahora la web ha sido eliminada, según detalló The Objective.
El acuerdo al que llegó Territorio Trading Group se enmarca dentro de los conocidos como Contratos de Participación Productiva, una suerte de privatización del petróleo venezolano que el chavismo puso en marcha en los últimos años para conseguir que empresas externas explotasen sus refinerías ante la incapacidad técnica del Gobierno de Nicolás Maduro.
Este tipo de contratos ha servido al régimen para tejer una red de influencias y cobrarse favores por toda Latinoamérica. Los acuerdos se habrían firmado a cambio de importantes comisiones de donde saldrían las supuestas fortunas que tendrían en el extranjero distintos mandatarios, como el propio Maduro. Pero la cúpula venezolana no es la única que se habría beneficiado de estos acuerdos.
El propio Robalino aparece en el registro mercantil español como socio en Global Maval Inversiones, radicada en el mismo piso de la calle Serrano. El administrador único de la compañía es Héctor Eduardo Egüez, el hombre de confianza del ministro de Economía de Ecuador, Ricardo Patiño, en la época de Rafael Correa, cercano al régimen bolivariano. Esta empresa empezó a funcionar en marzo de 2025 en la «adquisición» y «tenencia» de «acciones» y «participaciones» de «otras sociedades cualquiera que sea su naturaleza u objeto, incluyendo los valores propios de entidades no residentes en territorio español».
El camino hasta Ábalos
El mundo del petróleo venezolano es reducido. No todo el mundo tiene la capacidad para llegar a los círculos más altos del chavismo para ganarse la confianza suficiente para extraer crudo en el país. Por eso, existe una línea que une a Robalino y Egüez con el exministro de Transportes español, José Luis Ábalos.
Según el medio de investigación «Armando.Info», ambos empresarios son representantes de Petrocabimas, una compañía mixta de PDVSA, que tiene como socia a una firma española llamada Suelopetrol Exploración y Producción S.L. Esta última, creada en nuestro país en 2014, es propiedad de Henrique José Rodríguez Guillén, [[LINK:EXTERNO|||https://www.elindependiente.com/espana/2025/01/21/el-venezolano-vinculado-al-chale-de-abalos-controlaba-parte-del-fuel-de-los-hidrocarburos/|||un «trader» del petróleo de Venezuela]] relacionado con el comisionista del «caso Koldo» Víctor de Aldama. Este hombre, junto con otros dos compatriotas suyos, iban a ser los encargados de comprar el chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, que disfrutó Ábalos durante el verano de 2021.
Aunque los venezolanos llegaron a pagar la señal, el inmueble fue comprado por otro empresario, Claudio Rivas, socio de Aldama en el «caso Hidrocarburos» de la Audiencia Nacional, en la que se investiga un presunto fraude de 182 millones de euros en el pago de impuestos del fuel.
Las investigaciones judiciales sitúan este inmueble como parte de las dádivas que recibió Ábalos a cambio de realizar gestiones en favor de Rivas para que una de sus empresas consiguiese el título de operador de carburantes.