La Audiencia de Badajoz desbloquea el caso del hermano de Sánchez y lo acerca al banquillo
La Audiencia Provincial de Badajoz impulsa la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. Los magistrados han reactivado el procedimiento después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura haya desestimado las recusaciones planteadas contra los miembros del tribunal que juzgará al músico y al resto de acusados. Así pues, una vez rechazada la posibilidad de apartar a estos jueces, la causa vuelve a coger vuelo.
En concreto, y según consta en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se alza la suspensión que se acordó el 4 de diciembre para resolver sobre los asuntos pendientes. Entre los mismos se encuentra la posible unificación de todas las acusaciones populares que litigan en el procedimiento. Los magistrados decidieron suspender la deliberación de todas estas cuestiones a la espera de que el TSJ extremeño decidiera si admitía las recusaciones y, por tanto, les apartaban del caso o, por el contrario, les mantenían, como finalmente ha sucedido.
Así pues, la Audiencia Provincial de Badajoz reimpulsa el procedimiento para resolver sobre lo relativo a las acusaciones populares. Cabe recordar que la Fiscalía no acusa en este asunto, por lo que la única acusación es la que ejercen las acusaciones populares. Las mismas han litigado durante toda la instrucción bajo el paraguas del sindicato Manos Limpias. No obstante, pidieron poder actuar por separado en el juicio que prevé acoger la Audiencia de Badajoz del 28 de mayo al 4 de junio.
Cuenta atrás para el juicio
Según expusieron, el objetivo era tener representación autónoma en la vista en la que solicitan tres años de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno por el "enchufe" en la Diputación de Badajoz con la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses. Sin embargo, tanto el músico como otros acusados se opusieron a ello recordando que no han tenido problema en acusar de manera conjunta durante todo este tiempo y que, de separarles, se podrían dilatar más los plazos.
Ahora el asunto está en manos de la Audiencia de Badajoz, que tiene que resolver el recurso pendiente antes de que arranque la vista oral. La misma se fijó en un primer momento entre los días 9 y 14 de febrero, pero los magistrados la tuvieron que retrasar dado que coincidía con algunos señalamientos de letrados personados en las diligencias. En el banquillo de los acusados se sentarán también, el que fuera asesor de Moncloa Luis María Carrero y exaltos cargos de la Diputación de Badajoz que participaron en el proceso de creación de la plaza del músico. Entre ellas se encuentra Miguel Ángel Gallardo.
Precisamente, la actual situación de Gallardo podría provocar un vuelco a estas diligencias. El que fuera presidente de la Diputación no consiguió su objetivo de que el TSJ extremeño juzgara la causa; más bien al contrario, el ente le acusó de impulsar un "fraude de ley" con su aforamiento "in extremis" después de que la juez instructora, Beatriz Biedma, les abriera juicio oral.
El aforamiento de Gallardo
La decisión de la juez de enviarles al banquillo por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación propició que Gallardo maniobrara para poder conseguir un escaño en la Asamblea de Extremadura y así conseguir que el caso se fuera el TSJ extremeño y se dilatara en el tiempo. Sin embargo, el órgano respondió no solo denegando la pretensión sino que le acusó de actuar de manera "torticera" para provocar un cambio de calado en el juicio.
En dicho pronunciamiento el TSJ extremeño explicó que su aforamiento no era resultado de un proceso electoral y que, por lo tanto, no se accedería a su pretensión. Sin embargo, ahora Gallardo está aforado como resultado de los comicios extremeños de pasado 21 de diciembre y, en consecuencia, esta situación sí podría propiciar un nuevo giro en el procedimiento.
En cualquier caso, la Audiencia de Badajoz seguirá adelante con los recursos pendientes y con la vista puesta en el juicio. Tanto la juez Biedma como las acusaciones sospechan que el puesto del hermano de Sánchez se creó "a medida" para él y que se fingió el proceso selectivo que impulsó la Diputación de Badajoz al tratarse de una plaza pública. Además, también se juzgará el enchufe de Carrero en el mismo ente, ya que los mensajes incautados por la Guardia Civil evidenciaron que el asesor de Presidencia era conocedor de que salía la plaza en comisión de servicios antes de que fuera oficial.