Extorsionadores han dejado 91 muertos en el sector transporte

En Perú, la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más temidos y frecuentes de los últimos años. Esta actividad criminal no solo afecta a comerciantes y empresarios, sino también a ciudadanos comunes que reciben llamadas, mensajes o visitas intimidatorias con el mismo objetivo: obtener dinero bajo amenazas.

Pero, uno de los sectores más golpeados es el de transporte. Este hecho permitió visibilizar una realidad que vienen padeciendo hace mucho tiempo y de la cual poco se ha hecho por cambiarla.

 Las estadísticas son contundentes. De agosto del 2024 a noviembre del 2025 hubo 91 fallecidos por atentados en el transporte público en Lima Metropolitana y Callao. De estas víctimas, 84 son varones y 7 mujeres. También se registraron 74 heridos en el mismo periodo (59 varones y 15 mujeres).

El 86.7% de fallecidos y lesionados son varones, y el 13.3% mujeres. Otro dato importante: de los 91 fallecidos, 69 son choferes, 12 pasajeros, 5 cobradores, 3 jaladores un vendedor y un gerente).

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Estas cifras corresponden al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público que cita como fuentes a las fiscalías provinciales penales y mixtas de los distritos fiscales, así como de matrices de fallecidos del Instituto de Medicina Legal.

Antes de acabar el 2025, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre los resultados del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao y aseguró que los índices de extorsiones disminuyeron en más de 25% y resaltó el trabajo en conjunto de la institución policial con las entidades involucradas.

“El balance ha sido constatar la disminución de las extorsiones en un 25.8%, ha sido muy importante porque se han integrado los esfuerzos de la Policía Nacional, hubo colaboración de la ciudadanía al denunciar, también se produjo una interacción con Osiptel y se realizó el bloqueo de las líneas telefónicas”, indicó el oficial.

Lo cierto es que el problema sigue siendo grave. Además, se estima que una parte significativa de los casos nunca se denuncia por miedo a represalias, lo que deja un subregistro alarmante.

La mayoría son peruanos

De las 91 víctimas mortales en el sector transporte 75 son de nacionalidad peruana, 10 son de Venezuela y de otras 6 no se tiene información. Asimismo, hay 61 compatriotas lesionados, 4 son venezolanos y de otras 9 se desconoce la nacionalidad.

La noche del viernes 24 de octubre del 2025, en pleno estado de emergencia, sujetos armados y en moto interceptaron y abrieron fuego contra un vehículo de transporte público APA-731 que circulaba con pasajeros por el Callao.

El conductor, Walter Leoncio Sandoval Castro, murió al instante tras recibir varios impactos de bala. Otro usuario del vehículo resultó herido.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio Público, del total de fallecidos hay un menor cuya edad fluctúa entre los 0 y 6 años, las edades de otras 19 víctimas varían de los 18 a 29 años mientras que otros 22 fallecidos tenían entre 30 y 39 años.

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Las víctimas de 40 a 49 tienen la mayor cifra de muertos: 28. Asimismo hay otros 12 fallecidos cuyas edades están entre los 50 y 59 años, en tanto de 60 años a más hay 3 muertos y de otros 6 no se tiene información.

Las autoridades también determinaron la forma en que se produjeron los ataques.

Según el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, 28 de las víctimas murieron por interceptación, dos por la modalidad de falso pasajero y uno por citación.

Las 31 víctimas fueron por proyectil de armas de fuego, En 24 casos se empleó motocicleta, en dos mototaxi/motocicleta, en uno mototaxi y en cuatro no se usó vehículos.

Diversas oficiales de la Policía han admitido que los cobros ilegales a  transportistas, para permitirles trabajar se ha expandido de forma acelerada.

Este modelo de extorsión se replica en paraderos, en la vía pública, calles y avenidas. A empresas grandes y medianas e incluso en informales. La expansión de bandas criminales, el uso de la tecnología para intimidar y la falta de denuncia son factores que han facilitado este aumento.

Hampones usan más el WhatsApp

El general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Criminal (Dirincri), explicó que hubo 803 denuncias por extorsión entre el 3 de noviembre y 23 de diciembre del 2025, solo en la flamante División de Investigación de Extorsiones.

De ellas, dijo, 64 corresponden al transporte público. Además, en 151 casos se empleó la modalidad de cobro de cupos, asimismo, en 561 casos se usó el WhatsApp, en 144 hechos fue presencial, 68 por llamadas telefónicas, 15 por mensajes de texto y 8 por llamadas.

Revoredo detalló que de enero al 23 de diciembre del año pasado fueron asesinados 69 choferes. De ellos 25 fueron eliminados en mototaxi, 13 en combi, 13 en colectivos, 13 en ómnibus, 2 en cúster y 2 en minivan. “De estas víctimas, 65 eran peruanos y 3 venezolanos”, indicó el oficial.

El último en ser victimado fue José Carlos Marín Anticona (28), chofer de una combi que fue atacado en Comas el 7 de enero. Sin embargo, un policía que iba de civil en esa unidad, abatió al delincuente Ángel Enrique Paredes Ramos, quien estaría vinculado a diversos casos de homicidios y sería presunto integrante de la banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Ya han cerrado 10 empresas

En esa línea, Martín Ojeda, representante de Transportistas Unidos, afirmó que al menos 10 empresas de transporte público han cerrado debido a las extorsiones.  “Hemos escuchado de 10 empresas ya no dan para más, en los conos”, indicó el dirigente no dar nombres de estas compañías.

Ojeda también expresó que las autoridades conocen perfectamente las horas en que suceden estos ataques contra los transportistas y las razones por las que está fallando la protección policial.

“Los ataques se vienen dando entre las 5 o 6 de la tarde y las 11:30 de la noche, cuando la flota se encuentra en la oscuridad, porque la Policía, lo decimos públicamente y así lo dice la estadística y hemos conversado con gente del (Ministerio) del Interior, no viene coordinando bien con las comisarías en la protección de los llamados corredores seguros”, añadió.

El titular del Mininter, Vicente Tiburcio, señaló que el Gobierno y la PNP están con los transportistas, que ellos no están solos, y que se hará frente a la delincuencia con inteligencia y acciones frontales para capturar a quienes amenazan la seguridad y la paz ciudadana.

“No vamos a ceder espacio a la delincuencia. Estamos reforzando la prevención, la investigación y el acompañamiento policial para que las empresas de transporte puedan operar con seguridad”, señaló el ministro Tiburcio.

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Explicó que, como parte de las medidas, la Policía Nacional viene desplegando acciones focalizadas de prevención y patrullaje, así como labores de investigación especializada contra redes criminales que operan bajo la modalidad de extorsión, en coordinación con las unidades competentes del sector Interior.

El general PNP Víctor Revoredo explicó que la estrategia policial se sustenta en un diagnóstico situacional permanente, que permite ajustar la presencia operativa y las acciones de inteligencia según el comportamiento del delito en cada zona.

Entre tanto, unas 250 empresas se transportes han confirmado que se sumarán al paro del 15 de enero, para exigir mayores acciones por parte del Gobierno de José Jerí frente a la inseguridad ciudadana que golpea al sector.

Existen dos registros distintos de denuncias

El analista de datos, Juan Carbajal, manifiesta que durante el 2025, a nivel nacional, se observa un desfase de registros de 2.363. El Ministerio Público ha registrado 28.948 denuncias, pero el SIDPOL sólo ha registrado 26.585 casos de extorsión.

Esta misma situación, añade, se observa en Lima Metropolitana: El Ministerio Público ha registrado 12.159 denuncias por extorsión, pero el Sidpol sólo ha consignado 11.192 denotando un desfase de 967.

A nivel nacional, entre los meses de enero y octubre del 2025 se observa una tendencia regular en los registros tanto del Sidpol y del Ministerio Público. Sin embargo, en los meses de noviembre y diciembre hay una caída abrupta en los registros de denuncias por extorsión, indicó Carbajal.