Se busca abogado con capacidad para ponerse al día rápido en el caso Mascarillas y que tenga unos honorarios asumibles . Este sería el resumen de las necesidades que tiene a día de hoy el exministro de Transportes José Luis Ábalos, encausado en dos procedimientos por el Tribunal Supremo y para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel, después de su último abogado, el exfiscal Carlos Bautista -del bufete Chabaneix Abogados Penalistas-, anunciara el pasado 7 de enero que renunciaba a la defensa del político por 'diferencias contractuales'. La traducción, según las fuentes consultadas, es que el político no cumplió con los honorarios y, por tanto, el bufete decidió salir antes de que el agujero de horas trabajadas y no remuneradas se fuera de madre. Con el paso de los días llegan otras reflexiones desde el entorno del exministro, que si el despacho quiso cobrar el 100% de lo que se les adeudaba antes de final de año, que si fueron muy estrictos en aplicación de su política de empresa de cero tolerancia con los impagos, que por representar al político han logrado una exposición mediática que vale oro... Pero lo cierto y verdad es que, hoy por hoy, Ábalos está huérfano de representación legal y que el tiempo corre en su contra porque en pocos meses se debe enfrentar a un juicio en el que se juega su libertad. ¿Pero quién puede asumir una defensa de este calado y a estas alturas del partido cuando ya están presentados los escritos de defensa y de acusación y sólo queda por ventilar, en resumidas cuentas, la vista oral ante la Sala de lo Penal? Pues a juzgar por lo que indican fuentes jurídicas consultadas, candidatos no faltan . Incluso los hay que ya se están ofreciendo para representar al que fuera secretario de Organización del PSOE gratuitamente . «Ven en Ábalos un monedero», indican, para luego apuntar que el hecho de que el exministro no haya podido hacer frente a sus obligaciones de pago para con sus abogados demostraría «que no tiene el dinero que dicen que tiene» -cabe recordar que el empresario Víctor de Aldama aseveró en instrucción y reiteró en su escrito de defensa que abonaba 10.000 euros al mes a Koldo García y a Ábalos, y que habría pactado una comisión de 2 millones de euros para el exministro por los contratos de mascarillas asignados a Soluciones de Gestión-. A pesar de esos ofrecimientos para defenderle 'de gratis', el entorno del exministro sostiene que Ábalos, que se implica de forma personalísima en la elección de su nuevo abogado a pesar de permanecer en prisión provisional sin fianza en el centro penitenciario de Soto del Real, busca un letrado que tenga unos honorarios asumibles para él y que sea capaz de hacerse rápido con las dos causas en las que está inmerso: el caso Mascarillas y el caso en el que se investigan las presuntas mordidas a cambio del amaño de adjudicaciones de obra pública. Y estas fuentes avanzan que la búsqueda está tan avanzada que ya sólo quedan ultimar detalles, por lo que en las próximas horas podría trascender el nombre del nuevo letrado. Si bien por el momento no han trascendido esos nombres, lo que sí se descarta desde el entorno es que Leticia de la Hoz, quien ostenta la defensa del exasesor ministerial Koldo García, pudiera ser quien se erigiera en nueva letrada del exministro. Las fuentes consultadas explican que a pesar de que se ha extendido como cierta la tesis de que ambos encausados comparten estrategia legal, en realidad no están alineados porque las realidades procesales de los dos son diferentes. Así las cosas, y con una causa que avanza a marchas forzadas hacia la vista oral, los abogados que han renunciado ya solicitaban en su escrito que se paralizaran los plazos del procedimiento hasta que el exministro cuente con nueva defensa. El instructor del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, aceptó el pasado jueves la renuncia del despacho penalista de Chabaneix si bien les conminaba a asistir a la vista programada para el próximo 15 de enero en la que se decidirá sobre el recurso que presentaron contra su entrada en prisión. Al hilo, les recordaba en su resolución que, de acuerdo con el Estatuto General de la Abogacía Española, debían velar por que no se causara indefensión al cliente hasta la designación de nuevo abogado y por tanto estaban obligados a despachar los trámites procesales urgentes. Al mismo tiempo, daba a Ábalos cinco días para conseguir nuevo abogado y procurador y le apercibía de que, en caso de no hacerlo, se procedería al nombramiento de oficio de dichos profesionales.
