La Junta de Castilla y León recurrirá al Tribunal Constitucional el acuerdo sobre el modelo de financiación alcanzado Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para que se aplique el principio de ordinalidad y que se se concreta en 4.700 millones de euros más para la Generalitat, un 12% de su capacidad presupuestaria. El presidente del Gobierno castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco , ha advertido de que «rechazamos de plano los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios». «El dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas», ha sentenciado. Mañueco ha insistido en que « si esto se consuma, perjudicaría a Castilla y León y rompería la caja común de nuestro país« por lo que «defenderemos a nuestra tierra y también a España con todos los recursos legales que están a nuestro alcance e, incluso, si es necesario, iremos al Tribunal Constitucional». También el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo , ha lamentado, tras la reunión del Ejecutivo autonómico, que el presidente del Gobierno haya llegado a un acuerdo «con el líder de un partido separatista condenado por el Supremo e indultado«, pacto que, además, «es malo para el conjunto de España». Carriedo ha mostrado su oposición a una alianza que, a su juicio, «rompe claramente la igualdad de los españoles en materia financiación « que se basa en que »los ciudadanos pagan impuestos en función de su capacidad de renta y reciben servicios en función necesidades«. Sin embargo, ha enfatizado el también consejero de Economía y Hacienda, Sánchez y Junqueras «han llegado a un acuerdo que consiste en la compra de apoyos para que el presidente siga siendo presidente, siga en la Moncloa con cargo a los recursos de los españoles». «No tratan de mejorar la vida de la gente sino que comprar siete votos y ceder a las demandas de los separatistas», ha añadido. Por todo ello, ha insistido en que la Junta de Castilla y León «se opone radicalmente a cualquier acuerdo que genere desigualdad», como consideran que ocurre con el alcanzado entre el presidente del Gobierno y el presidente de Esquerra Republicana. «Lo que afecta a todos tiene que negociarse entre todos», ha asegurado Carriedo, para insistir después en que Castilla y León utilizará todos los recursos a su alcance para recurrir el acuerdo aunque ha matizado que habrá que esperar e tener un documento formal de carácter jurídico para poder presentar el recurso. Una actuación que para el portavoz de la Junta responde a la «defensa de los intereses de Castilla y León», sobre la base de que el acuerdo entre Sánchez y Junqueras, «perjudica a esta comunidad, rompe el principio de igualdad igualdad, supone negociar a espaldas de las autonomías y la compra con recursos de los españoles la estancia de Sánchez en la Moncloa». «La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, nos dijo que en enero iba a enviar el contenido de su propuesta y es Junqueras el que nos dice el modelo que va a defender el Gobierno».
