El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición de la defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos de que fuera un jurado popular quien le enjuiciara en la causa especial abierta por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia . En su resolución, explica que dado que se juzgan delitos que debieran ser conocidos por la Audiencia Nacional, este tribunal excluye esa posibilidad. En su providencia, a la que ha tenido acceso ABC, se indica que la petición de la defensa de Ábalos, dirigida por el exfiscal Carlos Bautista, implicaba además la correlativa nulidad de los autos de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral ya dictados contra él y contra los encausados Víctor de Aldama y Koldo García . En su denegación, Puente recalca que a pesar de que el asunto se lleva en el Supremo a causa del aforamiento de Ábalos, la causa, el procedimiento, sigue la ley reguladora de la Audiencia Nacional Al respecto, añade que «resultaría irresoluble paradoja que el aforado (y los demás investigados en esta causa especial) fueran enjuiciados por un Tribunal de Jurado, y no pudieran serlo por expresa prohibición legal, en cambio, los demás investigados en el procedimiento actualmente seguido ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, del que esta causa especial procede». Por otro lado, el magistrado recuerda que la exclusión del jurado popular en las causas cuyo procedimiento es de la Audiencia Nacional «no obedece a la falta de capacidad de dicho órgano para implementar esa clase» de juicios. «La razón que justifica l as referidas exclusiones obedece a la especial complejidad, fáctica y técnico jurídica, de los referidos delitos , siendo ésta la que determinó que el legislador considerase improcedente el enjuiciamiento de los mismos a través de un Tribunal de Jurado», subraya. «En cualquier caso, y aunque solo fuera por la debida cortesía hacia las partes, habida cuenta del esfuerzo argumental desplegado por las mismas en el desarrollo de su petición, lo cierto es que, a juicio del instructor, prescindiendo de si resulta posible o no la celebración de un juicio por jurado en el ámbito del Tribunal Supremo (…) lo cierto es que su propia ley reguladora lo excluye cuando se trata de delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional », incide. Y por eso, descarta incluso entrar a valorar «siquiera la procedencia aquí del enjuiciamiento por jurado». Puente, concluye afirmando que en el marco de la instrucción ya concluida, no es posible revisar ya las decisiones adoptadas en firme acerca del procedimiento adecuado y del órgano competente, y tampoco resulta posible interponer ya recurso frente a la decisión, «so pena de propiciar un interminable bucle, con tendencia al infinito» de reiteración de aspectos que han sido ya resueltos en instrucción de forma definitiva y frente a cuyas decisiones no cabe recurso.
