El Ministerio de Trabajo abre hoy una ronda negociadora para fijar la subida de un salario mínimo que, pactado de espaldas a la patronal en los últimos cuatro años, ha llegado a desbordar las tablas recogidas en los convenios suscritos por empresas y sindicatos. Sin control parlamentario y por mero instinto de supervivencia política, Yolanda Díaz insiste en un incremento salarial –de entre el 3,1 y el 4,7 por ciento para este 2026– que convierte en papel mojado los acuerdos sellados en el seno de unas empresas que se ven obligadas a corregirlos sobre la marcha y en función de unas subidas que, con conocimiento de causa y pegados al terreno y el tejido industrial de cada sector, tampoco pactaron los representantes sindicales de sus respectivas plantillas. Díaz hace borrón y cuenta nueva, propia y ajena, en un ejercicio de proyección personal que no solo pasa por alto los intereses legítimos de la patronal, sino los de los sindicatos que suscriben convenios ajustados a la realidad de cada empresa.
