La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, implantada en todo el país y con una estructura formada por 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en 2024. La operación 'Pamplinas Stars' se saldó con la detención de cinco personas consideradas responsables de la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que ya se encuentra en prisión, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales, como informó este viernes la Agencia Tributaria en un comunicado. Asimismo, se realizaron 18 registros en 12 localidades de siete provincias, donde se intervinieron un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico. La investigación, en la que han participado más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria , arrancó a mediados de 2024, cuando Hacienda comenzó a analizar el posible fraude de un operador al por mayor que empezó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. Entonces no se había producido la modificación normativa que entró en vigor en enero de 2025, que obliga a las sociedades en alta en el Registro de Extractores de hidrocarburos, el Redef, a presentar declaraciones mensuales y a estar en el sistema de Suministro Inmediato de Información, el SII. La operadora presentaba declaraciones trimestrales y solo tenía obligación de identificar a sus clientes y proveedores ante la Agencia Tributaria con carácter anual. Hacienda explicó en su comunicado que esta primera operadora habría basado su esquema defraudatorio en la declaración trimestral de unas cuotas de IVA devengado muy inferiores a las ventas que realizaba, y unas cuotas de IVA soportado muy superiores a las reales. En la investigación de la Agencia Tributaria, se puso de manifiesto que la operadora habría estado operando a través de empresas instrumentales, que serían las que formalmente facturarían a los destinatarios finales el producto extraído por la primera. La Agencia Tributaria dio de baja en el Redef a esta primera operadora fraudulenta a mediados de 2024, pero siguió operando a través de una segunda, que comenzó a vender grandes cantidades de hidrocarburo en octubre de 2024. Apenas un mes después, Hacienda también le dio de baja en el registro. En ese lapso de tiempo, entre octubre y noviembre, esta segunda operadora habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros. A mediados de diciembre de 2024, arrancó la actividad fraudulenta de una tercera operadora que, hasta entonces, había estado vendiendo hidrocarburo dentro de depósito fiscal, antes de que corresponda el pago del impuesto especial y el IVA, a otros operadores. A los cinco días del inicio de su actividad fraudulenta, la Agencia Tributaria también dio de baja esta operadora del Redef. Inhabilitadas las tres operadoras para operar como mayoristas de hidrocarburos y, por tanto, expulsadas ya del mercado, continuaron las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. La Agencia Tributaria destapó una estructura formada por hasta 38 sociedades, diseñada para una doble finalidad. Por un lado, servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y, por otro, trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad. Una parte del dinero obtenido por la organización, que también contaba con una amplia red de testaferros y la colaboración de asesorías legales para su actividad delictiva, se destinaba a adquirir sociedades con alta en el Redef, al objeto de dar continuidad a la defraudación. Esta mecánica permitía un rápido aumento de las ventas a bajo precio, gracias a la defraudación del IVA y una expansión de la operativa por todo el país. De esta forma, el impacto del fraude en la Hacienda pública y sobre la competencia en el sector se concentraba en un escaso margen de tiempo de funcionamiento efectivo de la organización. El pasado 24 de noviembre, la Agencia Tributaria llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación, con 18 entradas y registros en inmuebles de Madrid, Majadahonda y Humanes (Madrid); Siero (Asturias); Zaragoza; Castejón del Puente (Huesca), Montoro y Lucena (Córdoba), Marbella, Estepona y Mijas (Málaga) y Vigo (Pontevedra). Tras concluir los registros, se procedió al embargo preventivo de 82 vehículos de media, alta y muy alta gama, con un valor de mercado estimado en 3 millones de euros, así como de dos embarcaciones recreativas valoradas en más de 63.000 euros y un total de 48 inmuebles con un valor de mercado de 10,8 millones de euros. Al mismo tiempo, se bloquearon cientos de cuentas bancarias por un importe global de más de 6 millones de euros y criptoactivos custodiados por 'exchanges'. También se intervinieron 42 relojes de gama alta, así como 12 bolsos y otros artículos de lujo con un valor estimado de más de 440.000 euros. A su vez, se logró intervenir a la organización un importante volumen de dinero en efectivo, con más de 314.000 euros y billetes de hasta ocho países de África, América y Asia. También se incautaron de dos obras de arte y 178 kilos de lingotes de oro, plata, titanio, tungsteno, molibdeno y tantalio, con una estimación de más de 350.000 euros. La operación, que se encuentra ahora en una segunda fase con el análisis de la abundante documentación obtenida, contó con la participación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el Área Regional de Inspección en Madrid, Vigilancia Aduanera en Extremadura y la Unidad Central de Auditoría Informática, con el apoyo de las áreas regionales del SVA y las UAI de Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y Madrid.
