El Gobierno francés se fija enero como fecha límite para aprobar los presupuestos
El Gobierno francés ve finales del próximo enero como límite para votar un nuevo presupuesto, según precisó este domingo la ministra francesa de Hacienda, Amélie de Montchalin, después de que la división política hiciera imposible lograr un acuerdo antes del nuevo año. "El Gobierno desea que, máximo de lo máximo, el tema del presupuesto esté resuelto de aquí al final del mes de enero", expresó De Montchalin, en una entrevista en la cadena televisiva BFM TV.
El plazo es para evitar perjuicios en la vida de los franceses, como un aumento del pago de los impuestos debido al estancamiento de los baremos de imposición. "A partir del 1 de enero nuestra capacidad de ponernos de acuerdo o no tiene consecuencias directas en la vida de los franceses", dijo, y recordó que con el presupuesto de la seguridad social sí se logró la aprobación, a pesar de la extrema fragmentación política, con las fuerzas que excluyen los "extremos".
Como recoge EFE, viernes pasado fracasaron las opciones de tener aprobado un nuevo presupuesto para Francia ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en el último trámite posible, el examen del texto final en una comisión mixta paritaria de la Asamblea Nacional y el Senado. El vacío legal, una vez comience 2026, se cubrirá con una ley especial para prorrogar los de 2025, en la que el Gobierno ya trabaja y que se examinará este lunes mismo en un Consejo de Ministros extraordinario.
Esta medida, sin embargo, es solo un "servicio mínimo", recordó este domingo De Montchalin. Por eso, antes de la reunión del equipo de Gobierno -que se producirá por la tarde una vez el presidente, Emmanuel Macron, regrese de una visita a los Emiratos Árabes Unidos-, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, recibirá a los principales líderes parlamentarios para relanzar la negociación presupuestaria.
La capacidad supervivencia de Lecornu está en buena medida atada a la meta de lograr un nuevo presupuesto, algo vital para Francia dada la precaria situación de sus cuentas públicas, con un déficit que este año está previsto que sea del 5,4 % del producto interior bruto (PIB).