Rafael Yuste pide proteger "la privacidad mental" ante los avances de la neurotecnología
El neurobiólogo madrileño Rafael Yuste defiende "la privacidad mental" como uno de los neuroderechos fundamentales ante los avances tecnológicos, y celebra que el Gobierno y la Comunidad de Madrid eleven a "80 millones cada uno" su aportación al Centro Nacional de Neurotecnología, ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. "Lo que hoy se puede hacer en ratones, se podrá hacer mañana en seres humanos", advierte el director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en EEUU, donde lleva cuarenta años investigando los circuitos neuronales e impulsó el proyecto BRAIN, financiado por la administración de Barack Obama para mapear el cerebro humano.
Dado que "el cerebro no es un órgano más, sino el órgano que genera la mente humana", el riesgo de que la neurotecnología permita "descifrar y alterar la actividad mental" le llevó a convocar una reunión de neurobiólogos en 2017 para proponer unos "derechos cerebrales", explicó en Fundación Telefónica en la presentación de su libro 'Neuroderechos. Un viaje hacia la protección de lo que nos hace humanos'.
Entre ellos, "el más urgente" a proteger es el derecho a la privacidad mental, para que "el contenido de la actividad mental no pueda ser descodificado sin consentimiento", además del derecho a la identidad personal, "al yo, a la integridad psíquica" de cada persona.
También los derechos al libre albedrío, a tomar decisiones "sin interferencias externas por neurotecnología"; a estar protegidos contra los sesgos de los algoritmos utilizados, así como al acceso equitativo a tecnologías de "aumentación sensorial y cognitiva", que podría dar lugar a discriminar entre personas "aumentadas o no", según Yuste.
"No es ciencia ficción. La neurotecnología avanza a todo trapo y la inteligencia artificial también", por lo que estos derechos deben "estar definidos en los tratados de derechos humanos", continúa.
Como "buena noticia", hay seis lugares en el mundo donde los neuroderechos o al menos la privacidad mental está protegida por ley: Chile, el primer país en hacerlo; los estados de Río Grande del Sur (Brasil), Colorado, California, Montana y Connecticut (EEUU).
En España, además del anteproyecto de Ley de Salud Digital en Cantabria, se trabaja en Madrid en un anteproyecto parecido de "protección de datos cerebrales", que también se ha presentado en el Congreso de Diputados y "está en vías de tramitación" pudiendo aprobarse en 2026, detalla.
Como integrante del Consejo asesor sobre ética en inteligencia artificial, durante la etapa de la vicepresidenta Nadia Calviño, Yuste participó en la Carta de Derechos Digitales, un documento sin valor legal pero orientativo y "un paso adelante muy valiente" de España.
Spain Neurotech
Tras la pandemia, y gracias a los fondos de recuperación de la UE, se planteó crear un proyecto español "para desarrollar métodos de neurotecnología de una manera ética", en colaboración entre el Estado y la Comunidad de Madrid.
El Gobierno, la Comunidad y la Universidad Autónoma (UAM) firmaron en diciembre pasado el Centro Nacional de Neurotecnología 'Spain Neurotech', ubicado en el campus de Cantoblanco de la UAM, al que ambas administraciones aportan "cada una 80 millones de euros en un plan a quince años", así como 40 millones de fondos europeos.
"He visto en primera fila, cómo estas administraciones se han puesto de acuerdo y han puesto incluso más dinero del que habíamos pedido", todo ello por "ayudar al bien común y poniendo la ciencia por encima de los intereses partidistas", añadió.
Ello supone "un mapa de esperanza en que nuestro país se va a poner en la delantera de Europa no solo en desarrollar reglas éticas para la utilización de neurotecnología sino también en fabricar estas herramientas".
Después de 40 años trabajando en EEUU, "estoy en transición para estar con un pie en Madrid, otro en Nueva York y en La Coruña", concluye el neurobiólogo que se declara "relativamente optimista de que estamos llegando a tiempo" para proteger los neuroderechos, aunque lo ideal es hacerlo desde Naciones Unidas.
(Juliana Leao-Coelho/Efe)