Cordero descarta “amarre” y defiende norma sobre desvinculación de funcionarios
El debate por la incorporación de una norma sobre desvinculación de funcionarios públicos en la ley de reajuste salarial sumó este sábado una nueva voz desde el Ejecutivo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, salió al paso de las críticas por un eventual “amarre” en el empleo público y aseguró que dicha interpretación es errónea desde el punto de vista técnico
Al referirse a la controversia, Cordero afirmó que “la afirmación de que es una norma de amarre es técnicamente incorrecta”. El secretario de Estado coincidió así con lo señalado previamente por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien descartó que la iniciativa busque impedir despidos y sostuvo que su objetivo es “evitar despidos arbitrarios”.
Norma solo exige motivación, no impide remoción
El ministro explicó que la norma en discusión es, en estricto rigor, una “ley de motivación para desvinculación”, no un impedimento. “Es una norma que exige motivación para la remoción, no impide la remoción”, precisó.
A juicio de Cordero, la ausencia de una norma de este tipo ha generado una alta litigiosidad en el empleo público. “Si una norma de estas características no está, lo que vamos a seguir es en un circuito de judicializaciones muy grande que suele ocurrir en determinados períodos, y que se judicializa por muy distintas vías, no solo ante las cortes, se judicializa también en vía laboral de modo muy intenso”, argumentó.
El ministro subrayó que la discusión debe darse en el Poder Legislativo, que es “el lugar donde o hay consenso o no hay consenso sobre este punto”.
La falta de reforma estructural
Cordero planteó que el problema de fondo responde a la falta de una reforma estructural al empleo público. “Yo creo que lo que está detrás de todo esto es que durante largos años no nos hemos hecho cargo de la reforma al empleo público y tenemos estas reglas inversas que provocan este tipo de inconvenientes”, sostuvo.
El ministro detalló que la normativa vigente establece que el 80% de los funcionarios debe estar en cargos estables y el 20% en transitorios (a contrata). Sin embargo, en Chile, la realidad es la inversa: el 80% y un poco más de los funcionarios son a contrata, muchos de ellos con 5, 10, 15 o 20 años en sus funciones y que, incluso, ingresaron por concurso público.
En este contexto, Cordero llamó a alcanzar acuerdos amplios, insistiendo en que lo clave es tener un Estado eficaz.
Cabe recordar que la iniciativa ha generado críticas desde la oposición. El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, advirtió que “si el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación”. En tanto, diputados de la UDI calificaron la propuesta como “deshonesta”.