La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública mantiene el 31 de diciembre como fecha límite para culminar la tercera fase de implantación de los Tribunales de Instancia en la Ciudad de la Justicia de Córdoba para adaptarlo a la Ley de Eficiencia sin embargo su puesta en marcha será progresiva hasta el 31 de enero. Desde la Consejería han detallado a ABC que es el plazo con el que se está trabajando actualmente en la tercera fase de implantación de esta reorganización en Justicia y que, de forma paralela, se están desarrollando actuaciones tanto en el plano material como en el de recursos humanos. En este sentido, estas fuentes del Gobierno andaluz han señalado a ABC que «se están a justando algunos espacios de la Ciudad de la Justicia y, a la vez, trabajando en el tema de personal«, aspectos considerados clave para la implantación del nuevo modelo judicial en la capital de la provincia de Córdoba. En este contexto, esta pasada semana se ha publicado en el BOJA una resolución de la Secretaría General de Servicios Judiciales relativa a la adjudicación de puestos de trabajo en distintas oficinas judiciales , entre ellas las de Registro Civil en Córdoba. Por su parte, el secretario coordinador de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, José Antonio Guerra , ha señalado en declaraciones a ABC que «está finalizado el protocolo de organización y los manuales de los diferentes servicios comunes, lo que permite estar preparados para la implantación en la fecha prevista». No obstante, Guerra ha precisado que la puesta en marcha será progresiva , ya que dependerá de la reubicación de espacios, del acoplamiento efectivo de los funcionarios a sus nuevos puestos y de la disponibilidad de los medios informáticos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema. En cuanto a los sindicatos presentes en la última mesa de Justicia, el secretario general de USO Andalucía, Domingo Castillo, ha advertido de que la implantación de estos Tribunales de Instancia podría verse condicionada por los recursos judiciales presentados contra las relaciones de puestos de trabajo (RPT) aprobadas por la Junta. Según ha señalado, es la primera vez que en el ámbito de la Justicia se implantan RPT (Relación de Puestos de Trabajo), un proceso que, a su juicio, se ha realizado sin cumplir los requisitos legales exigidos. Castillo ha recordado que SPJ-USO Andalucía «es el único de los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial que ha recurrido estas RPT ante los tribunales, al considerar que no se ha llevado a cabo la preceptiva valoración de puestos de trabajo, obligatoria por ley«. »Se han saltado las leyes y han sacado las relaciones de puestos de trabajo de esa manera, pese a que lo hemos advertido en mesa en numerosas ocasiones«, ha afirmado. El dirigente sindical ha subrayado que, «si la sentencia da la razón al sindicato, la Administración autonómica tendría que volver a negociar las RPT, esta vez con una valoración previa y detallada de cada puesto, lo que podría afectar al calendario de implantación previsto a partir del mes de enero«. »Estamos a la espera de sentencia y eso puede traer una serie de consecuencias en relación a la implantación que quieren empezar a hacer«, ha concluido. Por último, el delegado de SPJ-USO de Justicia en Córdoba, Francisco Martínez, ha señalado que se van dado pasos, aunque ha reconocido que en un primer momento « hay que abrazar el caos «, pero en cualquier caso »ya han salido las RPT que pertenece a cada funcionario y las jefaturas pero no el modo en el que se va a implantar a partir del 2 de enero«.
