Rosario prefiere no decir su verdadero nombre en público para que su hija, en las puertas de la adolescencia, quede al margen de su lucha externa e interna. Ella es una de las afectadas por la extinción del contrato de alquiler que firmó en la pandemia y que tiene una vigencia de cinco años. Charo es resuelta, una de esas 'buscavidas' que proliferan en Cádiz como respuesta desafiante a la miseria y escasez. Vive sola con su niña, trabaja por un salario de 568 euros, más los 400 euros del Ingreso Mínimo Vital, Asuntos Sociales le ha pagado durante meses 123 euros y el alquiler le sale por 657, así que da pie a imaginar los malabarismos que hace cada...
Ver Más
