La SEPI rastrea las noticias negativas en pleno escándalo de la "trama" Leire
El nerviosismo se ha instaurado en la Sociedad Estatal de participaciones Industriales (SEPI). Los altos cargos no saben hasta donde puede llegar la mancha de supuesta corrupción aflroada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Por eso, han decidido pasar al control de daños y rastrear qué publican los medios de comunicación sobre su expresidente, VIcente Fernández, y los contratos sospechosos que este y su socia Leire Díez pusieron en marcha durante los últimos años.
La industrial ha sacado a concurso una licitación pública para contratar un «servicio de seguimiento de noticias en medios de comunicación y redes sociales». Es decir, la compañía pública quiere hacer un rastreo de noticias en pleno escándalo de la «trama» Leire, como se conoce al caso que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
El contrato, con un valor de 21.450 euros y con una duración de un año –aunque se puede prorrogar por otros tres–, abarca la monitorización de todas las informaciones publicadas en medios nacionales, regionales y locales sobre un gran número de sociedades, fondos y proyectos en los que está involucrada la SEPI. La búsqueda de noticias se hará sin descanso, de lunes a domingo.
La compañía pondrá en marcha una aplicación digital, de acceso restringido, en la que se almacenará, clasificarán y redistribuirán las noticias que consideren más relevantes. En el pliego de prescripciones, la SEPI nombra a distintos organismos en los que participa y de los que quiere saber qué se dice. Por ejemplo, esta el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) o el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Estos dos organismos aparecen en la investigación que afecta al expresidente del organismo, Vicente Fernández.
Según la documentación de la causa, el PEPA adjudicó 2,8 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) formada por la constructora Erri Berri y Afesa Medio Ambiente. La UCO cree que a cambio de ese dinero, la «trama» de la exmilitante del PSOE Leire Díez ganó una mordida de unos 400.000 euros. Teniendo en cuenta que, por el momento, las comisiones detectadas asciendesn a unos 750.000 euros, se trata de la de mayor cuantía.
Por otro lado, el FAIIP dio 17,3 millones de eruos a Arapellet SL, una compañía propiedad de Forestalia Renovables en su totalidad. La empresa de energía limpia fue una de las registradas por la Guardia Civil hace una semana en el marco de la investigación.
La Benemérita tiene en el foco cinco contratos sospechosos por los quela trama habría cobrado mordidas. Ese dinero ilícito lo invirtieron en bienes inmoniliarios en Marbella y Jaca, en Aragón, según las pesquisas.
Además de los dos ya mencionados, están en duda otros tres. Uno es la contratacion de Servinabar, una pequeña constructora navarra de la que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, poseía el 45%, por parte de la pública Mercasa. Un contrato de menos de 15.000 euros para realizar un informe sobre el posible cambio de sede de la sociedad pública. El juez cree que el precio de la operación se infló, además de ser «mendaz» por innecesario.
El volumen total de las operaciones presuntamente amañadas asciende a casi 133 millones de euros. El trabajo de mayor cuantía fue el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos, por 112,8 millones. Los acusados habrían aprovechado «su posición, relaciones y capacidad de influencia» dentro de la SEPI para priorizar este pago por delante de otras mercantiles que recurrieron al fondo para socorrer sociedades estratégicas durante la pandemia.
La última adjudicación tiene que ver con un contrato a favor del despacho de abogados Carrillo y Montes por parte de Enusa, una empresa pública dedicada al uranio en la que trabajó la «fontanera» del PSOE Leire Díez antes de su salto a Correos.