Estados Unidos-Venezuela, un “test case” y una sombra para la región
El secretario de Estado Marco Rubio tiene la lista de países considerados terrorista por EE.UU. (FTO por sus siglas en inglés), entre los que se cuentan grupos islamistas, separatistas, guerrillas y pandillas y organizaciones (carteles) de la droga de México y Colombia. Recientemente, además del Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua, Rubio anunció el ingreso del “Cartel de los Soles” diciendo que “son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio” y que, según Washington, es liderado por Maduro y otros altos dirigentes chavistas en el poder desde el 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. El incorporar al “Cartel de los Soles” (más una red de corrupción) abre una supuesta base legal para más medidas sancionatorias incrementales hasta el uso de la fuerza.
Si bien la calificación de terrorista de Maduro y su gobierno (ilegítimamente en el poder tras las últimas elecciones de 2024), prohíbe a EE.UU. proporcionar “apoyo material o recursos” a cualquier organización en esta lista y la economía venezolana ya es blanco de sanciones desde 2019 impactando fuertemente la inflación, estas medidas coercitiva “no han alcanzado” al campo petrolero (principal fuente económica) y, al parecer, no lo harán ahora con una intervención de la flota estadounidense en su tránsito, simplemente por los importantes impactos que pueden tener esta acción en la propia economía de EE.UU. Así la gigante Chevron sigue operando en Venezuela y el flujo del petróleo venezolano sigue transitando por el mercado negro claro que con precios rebajados (“business is business”).
Junto a este forzado constructo y bajo el nombre “Lanza del Sur”, cuan sheriff internacional y atentando en contra de la Carta de Naciones Unidas (Art. 2 – 4) y el derecho internacional, EE.UU. movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo (USS Gerald R. Ford) junto a varios buques de guerra y aviones; ha hecho un ejercicio de bombardeo con aviones B-52 (en Trinidad y Tobago, entre otros); ha atacado (sin pruebas ciertas) en el Caribe y el Pacífico oriental a más de 20 embarcaciones consideradas “narcolanchas con 83 personas muertas; ha alertado a los operadores civiles de vuelo del “empeoramiento de la situación de seguridad (7 líneas aéreas ya han suspendido sus vuelos); ha aumentado la actividad militar en las cercanías de Venezuela; ha puesto recompensa de US$ 50 millones por la captura de Maduro o ha autorizado públicamente para que la CIA haga operaciones encubiertas en Venezuela, entre otras medidas para “echar” a Maduro y su régimen (so pretexto de combate al fentanilo).
Claramente nos encontramos ante la resurrección de la política de las cañoneras (“gunboat diplomacy”) al constatarse el uso amenazante o directo del poder naval y militar por parte de un país para presionar, intimidar o forzar a otro Estado a aceptar determinadas demandas. Estas acciones incrementales están generando la percepción de que ya es casi inminente algún tipo de ataque a Venezuela, al percibirse este proceso incremental como una verdadera profecía autocumplida como lo dejo ver el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al decir que esa posibilidad (nominación de terrorista) deja abierta “un montón de nuevas opciones”.
A este tipo de acciones se les suele llamar “pruebas o guerras de tolerancia” o “brinkmanship” en las relaciones internacionales. Es decir, ocurren cuando un actor (en este caso EE.UU.) realiza acciones graduales, ambiguas o provocadoras calculadas (lógica realista) para medir hasta dónde el adversario (Maduro y su régimen) está dispuesto a permitir o tolerar sin responder militarmente, y emite solo protestas diplomáticas o no reacciona. Cada provocación funciona como un “test” calculado que exploran la determinación del adversario, evaluar costos, calibrar la disuasión y ganar ventaja desgastando a la contraparte.
En el sistema internacional, los países recurren con frecuencia a acciones graduales para probar la tolerancia del adversario antes de asumir una escalada más abierta por sus costos en vidas e impactos internos. Esto demuestra que la competencia no solo se libra en batallas abiertas, sino también en movimientos calculados en una diversidad de planos. La Guerra Fría fue la que inauguró este estilo de confrontación, donde EE.UU. y la URSS midieron sus límites en distintos escenarios (Cuba, Berlín e incluso en controlados conflictos proxys armados alrededor del mundo) para evitar un conflicto nuclear, pruebas de tolerancia que hoy reaparece en las acciones de China o de EE,UU. en el Mar de China, en las intervenciones graduales de Rusia en su vecindario más allá de la guerra en Ucrania (la guerra híbrida contra Europa), en los ensayos nucleares norcoreanos o ahora con las acciones de EE.UU. en El Caribe y que no se veían desde el derrocamiento de Manuel Noriega en Panamá en 1989.
Estas demostraciones que reviven la Doctrina Monroe de 1823 (América para los estadounidenses) con cierres unilaterales de espacios aéreos ajenos, se consideran esenciales para consagrar ciertos intereses estadounidense. En este caso, además de derrocar al régimen de Maduro (Trump afirmó que tiene los días contados y que se iniciarán acciones terrestres), es claro que EE.UU. busca asegurar recursos estratégicos, geopolíticos, económicos y de seguridad en la región en función de la lucha por la hegemonía global con China. Petróleo y gas, minerales críticos/estratégicos (tierras raras, litio, cobre, níquel), productos agrícolas y alimentos, mercados, inversiones, recursos geopolíticos, apoyos diplomáticos, recursos de seguridad y cooperación militar, son parte del interés nacional de EE.UU. en función de su propuesta a “autarquía imperial”.
Trump ha justificado los ataques en contra de las llamadas “narcolanchas” en el contexto de su combate en contra del narcotráfico y el terrorismo a partir de información de inteligencia (contradictoriamente Trump indulta al e presidente hondureño, Orlando Hernández, acusado de crear un “narcoestado” tratado de influir en las elecciones allí), pero los funcionarios del gobierno no han proporcionado pruebas detalladas de la carga que transportaban esas embarcaciones. Aún más, en reuniones a puerta cerrada con el Congreso, funcionarios militares han reconocido que algunas de ellas transportan cocaína, no fentanilo como lo afirmó Trump. Human Rights Watch dijo que “son ejecuciones extrajudiciales ilegales” y que “las autoridades de EE.UU. no pueden matar de forma sumaria”. “De ser cierto, esto alcanza el nivel de un crimen de guerra”, afirmó el senador demócrata Tim Kaine.
Pero detrás de estos acosos a Venezuela, además de distraer la atención de los acusadores y explosivos archivos de Jeffrey Epstein, hay también un efecto demostrativo para terceros países. Rubio al asumir su cargo expresó que “el orden mundial de la posguerra no solo es obsoleto, sino que ahora es un arma que se utiliza en nuestra contra”. Por lo mismo, el gobierno de Trump apuesta a reconstruir a EE.UU. (Make America Great Again) como un imperio que busca la autosuficiencia, donde todos los recursos que necesita provienen de su propio territorio o de regiones bajo su control directo, lo que implica que estas acciones también tienen un “efecto demostrativo de voluntad” para limitar la acción de terceros países en la región como China Rusia e Irán, pero también de la región como Cuba (especialmente), Colombia y Brasil.
Para Cuba, por ejemplo, Venezuela es un “test case” teniendo presente las declaraciones de Rubio en cuanto a que tiene “cero dudas” de que Cuba es un país promotor del terrorismo. Lo acusa, además, de apoyar a la “extinta” guerrilla colombiana de las FARC y a grupos islamistas de Hamás y Hezbolá; de tener fuertes vínculos con Irán; de albergar estaciones de espionaje; de acoger a fugitivos de la Justicia estadounidense; y de ser causante de la enorme ola migratoria en la región, entre otros. El ex presidente Biden saco a Cuba del listado de países terrorista, pero entrando Trump la volvió a incluir (discusión de palomas y halcones).
Sin embargo, el principal tercero es China, potencia que ha entrado económica, financiera y políticamente con gran éxito en la región. Como lo expresa Elbridge Colby, subsecretario de Defensa para Política, uno de los principales ideólogos de la competencia con China, Washington no está preparado para hacer frente a China y se enfrenta a “la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial en los próximos años”. Por lo mismo, y esperando acumular fuerzas (entre otros, a través de los aranceles como los expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent), el presidente Trump ha manifestado con frecuencia su preferencia por un orden internacional de grandes potencias que compiten autárquicamente entre sí y controlan zonas de influencia (en este caso América Latina), pero sin llegar a provocar una guerra.
El gobierno de Maduro, si bien dice estar dispuesto a hablar “face to face” con Trump, muestra una postura de fuerza con frecuentes ejercicios militares y declaraciones que hacen que una negociación sea prácticamente nula. Maduro y sus adláteres no se va ir por gusto por los costos financieros y de sus vidas (incluso si pensamos en una fuga a Moscú o Pekín) y la oposición no tiene estructura suficiente para generar gobernabilidad futura (esta la posibilidad de una guerra civil prolongada). EE.UU. tampoco la logra, como lo manifiesta un informe publicado por The New York Times del primer mandato de Trump, en el que se hizo una simulación del derrocamiento de Maduro y cuyo resultado fue un escenario de caos generalizado que no podría ser controlado sin un amplio y costoso despliegue (podría comprarse otro Vietnam o Afganistán).
Estas acciones ya están afectando las aspiraciones republicanas de las elecciones de medio termino tal como lo expreso el presidente del Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, el republicano Rand Paul, al decir que una eventual acción militar en Venezuela podría causar “una fragmentación y fractura del movimiento que ha apoyado al presidente”, al romperse la promesa de campaña de mantener a EE.UU. al margen de conflictos extranjeros. Esta apreciación, se reafirma en una encuesta de CBS News, donde un 76% piensa que una acción militar no ha sido suficientemente explicada, un 70% se opone a que se tome esta vía, solo 13% ve a Venezuela como una amenaza mayor versus un 39% no cree que este país suponga algún tipo de amenaza.
En este contexto, entonces, la lógica y lo fáctico señala que las acciones sugieren un límite a un enfrentamiento directo general y se optaría por acciones parciales que desgasten incrementales (incluso con objetivos terrestres). Sin embargo, las dinámicas de los acontecimientos y el propio liderazgo de Trump son impredecibles y, por lo mismo, dejan un escenario semi abierto. Aquí las diplomacias de Brasil y México son imprescindibles para una salida negociada y que estas actitudes imperiales no sean las que marquen las relaciones de EE.UU. con la región (se respete la soberanía y el derecho internacional en función de la cooperación).