La encrucijada migratoria: ¿soberanía que excluye o hospitalidad que integra?
La historia de la humanidad es, en gran medida, una historia de migraciones. Desde los primeros nómadas hasta los desplazamientos contemporáneos por conflictos, desigualdad o esperanza de un futuro, el movimiento define nuestra especie. Sin embargo, la respuesta de las comunidades organizadas en Estados nación ha oscilado eternamente entre dos polos: la hospitalidad, un deber sagrado en culturas antiguas, y la soberanía estatal, el derecho a controlar quién cruza las fronteras, consolidado desde el siglo XVII.
Era el naciente capitalismo, que estableció fronteras y se desarrollaba acumulando capitales por desposesión de recursos naturales, del trabajo de personas esclavizadas desde África y poblaciones originarias en las colonias, particularmente en los territorios del continente que habitamos.
Durante siglos, los conceptos de hospitalidad y soberanía han circulado en direcciones opuestas. Mientras la hospitalidad era un valor ético celebrado —desde la xenia griega hasta la caridad medieval—, la soberanía moderna la ha condicionado, seleccionando migrantes “deseables” con criterios racistas para proyectos nacionales, como ocurrió en América Latina con la inmigración europea.
El racismo sirvió para el desarrollo del capitalismo, para que pudiera fortalecerse en base a desigualdad y exclusión.
Hoy, en pleno siglo XXI, la balanza se inclina hacia un soberanismo securitario. La migración se vincula falsamente a crisis y amenazas -que no se derivan de ella- justificando políticas restrictivas que convierten la hospitalidad en una excepción.
Este fenómeno desintegrador socialmente complejiza la convivencia social en el mundo y en Chile. La exclusión social de grupos humanos importantes por su nacionalidad se suma a otras exclusiones estructurales como pueblos originarios y afro descendencia chilena.
Pero esta tensión entre hospitalidad y soberanía no es abstracta: se encarna con crudeza en realidades nacionales como la de Chile, que según Bloomberg, es el “país más antiinmigrante de América Latina”.
Nuestro país pasó de ser una nación de emigración a ser un destino regional atractivo en las últimas décadas gracias a la promoción del país en el exterior como el ejemplo del neoliberalismo exitoso en el sur global. Esta transformación puso al descubierto una ambivalencia profunda. Por un lado, hubo gestos de acogida, por otro, persistió el racismo estructural y un marco legal heredado de la dictadura, pensado para el control.
Igual ambivalencia profunda se manifiesta en la retórica de derechos humanos y la práctica racista de la institucionalidad, que –actualmente- la ultraderecha pretende profundizar aún más.
La crisis en la frontera norte, con personas cruzando el desierto en condiciones inhumanas, marcó un punto de quiebre. La respuesta estatal se inclinó hacia el endurecimiento: una nueva Ley de Migración (2021) que, aunque incluye avances en derechos, refuerza la lógica de selectividad y la seguridad nacional. La soberanía se invocó para justificar el cierre, mientras la hospitalidad quedó relegada al discurso de organizaciones civiles y movimientos migrantes que exigen integración real.
Lo increíble es que la migración está aportando al crecimiento de Chile como lo constatan organismos internacionales y nacionales.
Chile enfrenta, así, el dilema global: ¿cómo ejercer la soberanía en un mundo móvil sin traicionar la ética de la acogida? La verdadera fortaleza de un Estado ya no puede medirse por su capacidad de excluir, sino por su habilidad para integrar con justicia, reconociendo que la migración no es una anomalía, sino una constante histórica.
El desafío es político y moral. La hospitalidad no es una debilidad, sino una oportunidad para redefinirnos como comunidad diversa y solidaria.
En esta encrucijada, Chile puede optar por replicar los muros del mundo o construir un modelo donde soberanía y hospitalidad no sean conceptos en pugna, sino pilares de una sociedad que mira al futuro sin miedo a su propia diversidad.
La encrucijada no podemos delegarla a los señores que se benefician de la desigualdad estructural, porque ellos ganan en medio de millones de vidas precarizadas de migrantes y nacionales, a los que ven como mano de obra barata que construyen sus abultadas ganancias. En tales condiciones una sociedad integrada, con justicia social, hospitalaria, no es su prioridad hoy. Su prioridad es el control social que le garantice el status quo que mantiene o acrecienta las rentas del capital. En Chile el 1% capta más del 49% de la riqueza generada, ese es el obstáculo mayor para garantizar una sociedad hospitalaria, inclusiva, más igualitaria.
Chile es muy rico, pero algunos se apropiaron de demasiado[1].
[1] El 90% de la población vive con sólo el 20% de la riqueza (el 10% más rico, posee el 80.4% de la riqueza del país), el pedazo de la torta es muy chico para tanta gente, mientras que otros se empachan con tanto …