A siete años de la Ley de Inclusión: menos de la mitad de las empresas cumple la cuota legal
En el Día Internacional de la Discapacidad instaurado por Naciones Unidas hace 33 años, Chile vuelve a mirar una realidad que sigue siendo estructural: 2 millones 703 mil 893 personas mayores de 18 años viven con discapacidad, el 17,6% de la población adulta. Para enfrentar esa exclusión, en 2018 entró en vigencia la Ley de Inclusión (Ley 21.015), que obliga a empresas y organismos con más de 100 trabajadores a reservar al menos un 1% de su dotación para personas con discapacidad (PcD). Sin embargo, a siete años de su implementación el avance sigue siendo insuficiente.
En 2024 había 11 mil 620 empresas privadas obligadas, pero solo 4 mil 277 reportaron cumplimiento, lo que equivale al 36,4%. En el Estado es aún peor, solo el 15% de los organismos públicos cumplen con la cuota.
La ley también permite como medida alternativa que las empresas que no cumplan con la contratación, deben donar a una organización considerada para ello por el Ministerio de Desarrollo Social. Aunque la ley dice “donar”, no es una donación, sino una obligación que se exige para cumplir con la normativa.
Las barreras
El bajo nivel de adhesión responde a barreras conocidas: falta de preparación interna, desconocimiento, prejuicios y un uso extendido de medidas alternativas.
Para Andrea Zondek, presidenta de Fundación Tacal, el nudo principal no es técnico sino cultural. “Una vez el gerente de una empresa me dijo: ‘Me complica contratar a alguien que no puede hacerlo todo’. Le respondí: ‘¿Y quién puede, tú, yo? Nadie hace todo. Por eso hay que educar a las empresas, porque no es caridad contratar a personas con discapacidad, es capacidad y un aporte para las empresas. Tenemos egresados que llevan 28 años de carrera en una empresa, que han sido ascendidos hasta gerentes, porque son buenos en lo que hacen, no por ser inclusivos’”, aseveró.
Zondek agrega que aún existen solicitudes que revelan desconocimiento profundo del mercado laboral inclusivo: “Una empresa me pidió contratar cinco ingenieros civiles con discapacidad. Yo les dije: ‘No generamos ingenieros en sillas de ruedas’. Situaciones así no son aisladas”.
Falta de fiscalización
Si bien la ley contempla multas mensuales de 20 o 30 UTM por cada cupo faltante, según el tamaño de la empresa, la fiscalización sigue siendo baja: solo cerca del 1% de las empresas incumplidoras termina efectivamente multada.
Entre 2019 y 2025, la Dirección del Trabajo aplicó más de $7.000 millones en sanciones por distintos incumplimientos vinculados a esta normativa, pero ese monto aún no refleja un control extendido. Para dimensionar el problema en grandes compañías, en Chile existen del orden de 3 mil 600 empresas con más de 300 trabajadores y los $7.000 millones acumulados equivalen, aproximadamente, a la sanción de unas 93 empresas grandes con un cupo faltante durante un año completo, es decir, alrededor de 2,6% de ese universo.
Las diferencias sectoriales también explican parte del rezago: retail, banca y servicios corporativos suelen superar la cuota, mientras rubros como construcción, agro y transporte presentan mayores obstáculos. El sector público, en tanto, muestra un atraso incluso más grave, menos del 15% cumple y no recibe las sanciones equivalentes al privado.
“El Estado no se sanciona a sí mismo”, advierte Zondek, subrayando que lo público debe dar el ejemplo si se quiere que el mundo privado acelere.
La comparación internacional refuerza esa urgencia. Chile mantiene una cuota baja (1%) y un cumplimiento insuficiente para avanzar al 2%, mientras Brasil aplica desde los 90′ un sistema escalonado entre 2% y 5% según tamaño empresarial, respaldado por fiscalización sostenida, y España exige 2% a firmas de más de 50 trabajadores, con medidas alternativas reguladas. La experiencia muestra que cuotas más altas y control efectivo aceleran la inclusión, pero también que el cambio cultural y la formación de talento son decisivos para sostenerla.
En ese escenario, Fundación Tacal —creada en 1985— cumple un rol clave cerrando brechas que el sistema aún no resuelve. De formar cinco personas al año, hoy capacita cerca de mil personas con discapacidad anualmente, en rubros que van desde logística y alimentación hasta competencias digitales e inteligencia artificial, con egresados que incluyen personas sin educación secundaria completa y también profesionales universitarios que antes no encontraban trabajo por vivir con discapacidad.