INDECOPI: otra reforma a la congeladora del Congreso, por Diego Pomareda
Mientras el Parlamento avanza sin titubeos en iniciativas que concentran su propio poder, vuelve a quedarse corto cuando se trata de fortalecer al Estado y proteger a los ciudadanos. Esa contradicción quedó nuevamente expuesta al negarse a otorgar rango constitucional a la institución encargada de vigilar la libre competencia, en un país donde los abusos de posición de dominio y las concertaciones encubiertas siguen afectando a millones de peruanos.
La entidad que regula la competencia cumple un rol decisivo en la vida diaria: elimina barreras burocráticas ilegales, protege la libre iniciativa privada, garantiza la competencia en los mercados y defiende los derechos de los consumidores. Cuando estas funciones no se ejercen con firmeza, los ciudadanos enfrentan precios más altos, menos opciones y mercados dominados por unos pocos. La economía deja entonces de responder a reglas claras y pasa a moldearse según los intereses de quienes detentan más poder.
Por eso, darle rango constitucional a esta institución no es un mero trámite ni un detalle técnico, sino una necesidad fundamental para garantizar que sus decisiones se basen en criterios profesionales y estén libres de presiones políticas o empresariales. En la región, países como México han avanzado en esta dirección hace más de una década, otorgando mayor autonomía a sus autoridades de competencia para enfrentar prácticas anticompetitivas con independencia económica, política y administrativa.
La urgencia se vuelve aún más evidente con la entrada en vigencia de la Ley 31112, que exige revisar fusiones y adquisiciones de alto impacto. Determinar si dos empresas pueden integrarse o si una puede comprar a otra no es una cuestión administrativa: define si un mercado seguirá siendo competitivo o no. Sin embargo, la autoridad encargada de estas evaluaciones sigue dependiendo del Poder Ejecutivo para la designación de su presidente y de las más altas autoridades de la institución, lo que abre la puerta a presiones y decisiones sesgadas por intereses coyunturales.
Lo más preocupante es que esta reforma, una de las pocas realmente útiles y trascendentes que el Congreso tenía al alcance, no obtuvo los votos necesarios y hoy permanece detenida. Una vez más, el Parlamento nos priva de fortalecer las instituciones, aunque nunca falla cuando se trata de consolidar su propio poder. Así, la posibilidad de asegurar un mercado competitivo y proteger el bienestar de todos los peruanos vuelve a quedar, por ahora, en la congeladora.